El redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Jesús Quesada, negó ayer de forma tajante que facilitara información privilegiada al empresario Enrique Ortiz sobre el nuevo planeamiento urbano de la ciudad. El arquitecto se mostró "muy sorprendido" por las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción y recalcó que en la confección del PGOU "todo se hizo correctamente". Quesada dijo tener "la conciencia tranquila", aunque a la vez admitió que está "fastidiado" al verse salpicado por el caso Brugal.
A lo largo del día de ayer hubo muchas otras reacciones. Entre ellas, la del conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores. El conseller aseguró que se cree "a pie juntillas" las declaraciones de la alcaldesa, Sonia Castedo, y defendió que "en ningún momento ha hecho nada susceptible de que sea un trato de favor". "Me quedo con lo que dice la alcaldesa -añadió-, de que en ningún momento ha beneficiado a nadie". Flores además destacó la "valentía" de la primera edil al comparecer públicamente ante los medios de comunicación para defenderse de los supuestos delitos que Anticorrupción cree que ha cometido.
El conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, se postuló en términos similares y manifestó que cree "firmemente" las palabras de Castedo. "Ayer (por el lunes) dio cumplida cuenta de todas las insinuaciones que quieren verter sobre ella", añadió.
Otro de los nombres que aparece en el sumario del caso Brugal es el de Carlos Parodi, gerente del Hércules y empleado y hombre de confianza de Ortiz. Parodi calificó ayer de "injurias" las acusaciones vertidas contra él -delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario- y anunció que se defenderá de ellas "en los juzgados". El empleado de Ortiz además consideró que se ha visto envuelto "en un juego político". De ahí que matizara: "Soy ingeniero y trabajo en la empresa desde hace 10 años. Lo único que hago es trabajar de forma legal", concluyó.
Este diario logró ponerse en contacto con Ortiz para conocer su versión, pero el constructor declinó hacer cualquier tipo de declaración. "No voy a hablar", se limitó a decir". José Francisco Javier León, investigado por ayudar a ocultar la identidad del empresario, tampoco quiso pronunciarse.
Este diario quiso conocer la opinión de otras personas relacionadas con la trama, pero no pudo contactar con ellas. Se trata del ex alcalde Luis Díaz Alperi y el abogado y ex edil socialista Javier Gutiérrez.
Al margen de todos los que aparecen en el sumario, otros políticos sí se pronunciaron, como Flores o Rambla. Entre ellos, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. "Ya superan el centenar los dirigentes del PP investigados o imputados por diversos casos de corrupción" en la Comunidad, dijo.
