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La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa Mónica Lorente (PP) en relación a la actual adjudicación de la contrata recogida de basuras en Orihuela y por la contrata directa de un servicio municipal a su hermano Jorge Lorente a través de una empresa interpuesta. Otras cuarenta y tres personas, entre cargos públicos y empresarios, aparecen en el listado de presuntos implicados dentro de la Operación Brugal, concretamente en la causa de la adjudicación de la recogida de residuos.
En el informe, fechado el 17 de junio de 2010 y previo al registro policial del Ayuntamiento oriolano del 6 de julio, se relatan unos hechos atribuidos a Lorente presuntamente constitutivos de un delito de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.
El fiscal cree, en base a los informes policiales, que Lorente "asumió e impulsó" la declaración como desierto del concurso de las basuras en Orihuela en 2006 defendiendo la paralización del proceso cuando todavía no había alcanzado la alcaldía, en una postura que favorecería al empresario Ángel Fenoll. Una vez en la Alcaldía, prosigue siempre en condicional el informe del Ministerio Fiscal, declararía desierto el concurso para convocar uno nuevo "finalmente adjudicado de manera velada a Fenoll" por más de nueve millones de euros anuales.
Doble oferta
Lorente además sería conocedora de la doble oferta presentada por el empresario al concurso. Una por parte de la empresa de la que es titular Fenoll, y otra constituida con empresas interpuestas que finalmente se hizo con el contrato. Uno de los indicios que probarían que la alcaldesa estaba al tanto de la propiedad indirecta de Fenoll -al margen de la estrecha vinculación de su hermano Jorge Lorente con el empresario-, es la detección de varias conversaciones por parte de la Policía por las que se deduce que Lorente reclama a personas cercanas a Fenoll - y no a los gerentes de la UTE que figura como adjudicataria-, contar con toda la flota de camiones de la nueva contrata para un acto público el 30 de abril de 2009, cuya presentación en sociedad sumaba meses de retraso.
Además Briones considera que Lorente ha realizado durante este mandato una adjudicación directa del servicio de parques y jardines en Orihuela Costa a su hermano, Jorge Lorente. Ese servicio lo llevaría la mercantil Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios "estando realmente detrás" de este servicio Ángel Fenoll junto con el hermano de la alcaldesa.
El informe recuerda que Lorente es miembro de la Junta Local de gobierno en este mandato que aprobó el pago presuntamente irregular de facturas a las mercantiles Colsur y Proambiente el 10 de septiembre y 8 de octubre de 2007, tras haberse producido previamente financiación de la campaña electoral municipal por parte de Ángel Fenoll.A estas imputaciones del fiscal en el asunto de la adjudicación de las basuras, se suma otra en el caso Lorente por presunto tráfico de influencias en el plan zonal de residuos de la Vega Baja, como avanzó esta edición ayer. Lorente aseguró a este diario días atrás que no está implicada en este asunto y que no aparece en las conversaciones grabadas por la Policía. De las 43 personas investigadas por este asunto desde 2007, seis fueron detenidas el 6 de julio. El juez decretó la libertad con cargos y bajo fianza para tres: Los principales urdidores de la trama, el empresario Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel y el industrial Rafael Gregory. Los otros tres son los concejales del Ayuntamiento oriolano Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia "Chanos". Al resto de los investigados, incluida la alcaldesa, el juez les comunicó el 21 de julio que podrían ser llamados a declarar durante el desarrollo de la instrucción.
La mitad del equipo de gobierno
Abadía conocía el transporte de personas financiado por Fenoll durante la campaña de 2007. También "la estrategia urdida por la familia" del empresario para conseguir el concurso de limpieza viaria. Este edil, responsable de ese área en el Ayuntamiento aporta en todo momento documentación, información y orientación privilegiada a los Fenoll, incluso antes de que se hiciera pública, pudiendo haber cambiado aspectos del pliego para beneficiar a la adjudicataria, según el citado informe.
En el caso del edil Ginés Sánchez se alude a su voto favorable en las juntas de gobierno a pagos irregulares a las empresas de Fenoll, recibe 1.200 euros en la inauguración de una sede del PP en Orihuela Costa y conoce de la estrategia del empresario de apoyo electoral al PP, además de formar parte de la mesa de contratación de las basuras, conociendo que tras la UTE ganadora estaba veladamente el industrial.
Antonio Rodríguez Murcia "Chanos" entregó documentación sobre la contrata de basuras a Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa, que éste trasladó a Fenoll y conocía la estrategia del industrial para hacerse con la contrata a través de testaferros, según el mismo documento. Era miembro de la mesa de contratación que adjudicó el concurso y de la junta local del Ayuntamiento que dio luz verde a pagos irregulares a Colsur y Proambiente.
En el largo listado de personas presuntamente responsables de conductas delictivas, siempre según el informe del fiscal, se cita además a los ediles del equipo de gobierno del PP Antonio Lidón -al que se vincula a la emisión de facturas falsas por un crédito 40 millones de las antiguas pesetas en un asunto que se remonta al anterior mandato municipal y al que se cita por aprobar pagos irregulares a Fenoll en junta de Gobierno-; y la concejala Araceli Vilella, que en su condición de miembro de la Junta Local dio el visto bueno a esos pagos, validados con informes técnicos previos, a Colsur y Proambiente.
Esta relación se cierra con los hechos relacionados a las actuaciones de los también ediles del equipo de Gobierno, David Costa (aprobó pagos irregulares como miembro de la junta de gobierno y pudo ser conocedor del "entramado" de Fenoll) y José Manuel Cutillas (delito electoral) para completar un total de siete concejales, además de la alcaldesa, investigados. La mitad de los miembros del equipo de gobierno.
Indiciarias
El fiscal advierte de que este informe, en la fase actual de la instrucción, sólo puede contemplar imputaciones indiciarias y presuntos responsables de las mismas, sin perjuicio de extender las imputaciones a otras personas o delitos.
