La alcaldesa de Alicante dijo el pasado domingo día 17 que "no voy a hablar, no voy a entrar en ese juego" cuando se le preguntó por los indicios que ha visto la Fiscalía Anticorrupción que podrían imputarla a ella y al ex primer edil Luis Díaz Alperi por supuestas irregularidades en la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Hasta siete veces repitió esas palabras y hasta ocho fue preguntada por este asunto por los periodistas.
La alcaldesa, por tanto, prefirió guardar silencio sobre los indicios. Éstos forman parte de una pieza separada del "caso Brugal" que investiga el juzgado de Instrucción Numero 5 de Alicante. La causa judicial, que se envió desde Orihuela por el juez Carlos San Martín se originó tras las conversaciones interceptadas, ente otros, al empresario Enrique Ortiz, quien tiene en cartera futuros proyectos urbanísticos en la ciudad relacionados con el PGOU.
Sin embargo, esta mañana los medios de comunicación recibíamos una convocatoria urgente del gabinete de prensa del Ayuntamiento para una rueda de prensa de Sonia Castedo. "Tema judicial" especificaba sin más datos. Finalmente, la alcaldesa se despachó 20 minutos de rueda de prensa sin lugar a preguntas.
