Mil folios al día. Este el ritmo de lectura que el magistrado que instruye las diligencias por la presunta trama de corrupción ligada al plan de residuos de la Vega Baja ha impuesto a los equipos jurídicos de los once procesados por estos hechos, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory y Ángel Fenoll. Casi cuatro meses después de la "toma" de la Diputación y de la detención de los ahora imputados, el magistrado Carlos San Martín entregó ayer a cada representante legal un DVD que contiene casi 20.000 folios que recogen el grueso de la investigación iniciada hace tres años y medio y 105 resoluciones. Pese al volumen de la causa, el juez da un plazo de sólo 20 días para que respondan al más del centenar de decisiones judiciales, entre autos y providencias.
Los abogados del presidente de la Diputación tienen previsto presentar un recurso el próximo lunes y pedir una ampliación del plazo, la misma medida que adoptarán otros equipos jurídicos que van a plantear disponer al menos del mismo tiempo que se establece para presentar un recurso de reforma, que son tres días, "con lo que al tratarse de 105 resoluciones debemos disponer de al menos 300 días", indicaron. "Se trata de que nos den el mismo tiempo que se no hubiera dado para recurrir si las actuaciones no hubieran estado bajo secreto de sumario", matizaron.
La defensa de Fenoll también discrepó ayer del plazo dado por el juez, "máxime cuando el fiscal ha tenido tres años y medio". Los representantes legales del empresario oriolano están dispuestos a llegar hasta el Constitucional e incluso a Estrasburgo para recurrir las intervenciones telefónicas, el secreto de las actuaciones y los registros domiciliarios, alguno de ellos realizados "sin mandamientos judiciales", según indicaron fuentes próximas al industrial.
La providencia que acompaña al DVD asegura que el disco contiene 40 de los 41 tomos que conforman estas diligencias, ya que el número 41 corresponde a los casi 2.000 folios cuyo secreto del sumario se levantó en los primeros días de septiembre. En ellos que se recogían las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas y el informe policial que situaba la Diputación como centro de una red de influencias y revelaba que Ortiz y Fenoll gestionaron con Ripoll, a través de intermediarios, la adjudicación de la planta de transformación de residuos de la Vega Baja.
No obstante, salvo por un error en la enumeración, en el soporte informático entregado ayer sólo aparece rotulado hasta el 36, con lo que, de confirmarse que faltan cuatro, también podría ser alegado como motivo de recurso por parte de los letrados, centrados ahora en ganar tiempo.
