La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas considera que la ordenanza municipal que prohíbe la prostitución en la calle bajo multas de hasta 3.000 euros "criminaliza" a los sectores más débiles de la población y considera que "la normativa disminuirá la visibilidad de esta realidad". Al respecto, desde este colectivo consideran que la persecución debe centrarse hacia las redes de proxenetismo y no hacia las mujeres que lo practican. En un escrito, la PIC muestra su disconformidad con la ordenanza y considera que esta nueva normativa municipal "es un elemento más que sirve al afán coercitivo y sancionador, y por lo tanto, recaudatorio, del gobierno de la ciudad".
Desde este colectivo se unen a otros al apuntar que la ordenanza representa la "criminalización y estigmatización de sectores de la población de evidente debilidad". En su opinión, "no prima una búsqueda de soluciones de colectivos en exclusión y marginación social y disminuirá la visibilidad de esta realidad".
La PIC sostiene que las situaciones por las que una mujer ejerce la prostitución "son voluntarias sólo en contadas ocasiones", por lo que creen necesario que el control se extreme sobre los proxenetas. Al respecto, este colectivo entiende "es incomprensible la decisión del Ayuntamiento de sancionar a estas mujeres cuando en establecimientos cerrados y de alto estatus no ha habido intervencionismo municipal, sólo el que regula un negocio legalmente establecido".
Por ello, desde la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas inciden en que "las prostitutas no son delincuentes, sino víctimas claramente discriminadas socialmente". Por todo ello, sostienen que "habría que incidir cada día más, en la lucha contra las redes de trata de seres humanos, tanto de mujeres como de hombres".
