El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción que considera que ambos podrían tener responsabilidades penales en presuntas irregularidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). El fiscal ve indicios tanto para imputar a Alperi como a su sucesora -mano derecha del ex alcalde y ex concejala de Urbanismo antes de ser primera edil- en relación con presuntas anomalías vinculadas al PGOU, según ha podido saber este diario. Las supuestas irregularidades urbanísticas que el fiscal pide investigar forman parte de una de las piezas separadas que el juez de Orihuela que instruye el grueso del "caso Brugal" envió a Alicante por tratarse de asuntos desvinculados de la trama principal, aunque descubiertos a raíz de ésta.
Todas las investigaciones parten de un nexo común, que son las intervenciones telefónicas efectuadas por la Policía a, entre otros, los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregoy y Ángel Fenoll y hasta el propio presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
El procedimiento que afecta al PGOU de Alicante recayó en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, ha asumido la investigación. Este diario ha podido saber que tanto el informe policial remitido al Palacio de Justicia de Benalúa como el elaborado por la Fiscalía Anticorrupción contienen material del que se desprende que podrían existir indicios de delito hasta el punto de que el fiscal, en su argumentación para que el asunto se enviara a Alicante, plantea la posible imputación del anterior regidor y de la actual .
El asunto está bajo secreto de sumario (motivo por el que no han trascendido las supuestas anomalías) y el principal escollo con el que ahora se encuentra el magistrado Tejada radica en que no dispone de la causa completa para calibrar el alcance de los hechos avanzados por la Policía y el fiscal. El propio juzgado solicitó las diligencias el pasado mes de julio sin que hasta el momento las haya recibido. Prácticamente todos los juzgados con piezas separadas del "caso Brugal" están esperando la documentación que tiene que enviar el juez de Orihuela, Carlos San Martín. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se encargó en su momento de repartir un avance de los procedimientos por los seis juzgados a los que les ha tocado pronunciarse sobre la competencia en estos asuntos.
Aforado
Una vez que la causa sobre las supuestas irregularidades urbanísticas llegue al juez Tejada, éste tendrá que estudiarla, realizar una instrucción previa y decidir si, como prevé el fiscal, se produce una imputación formal, o si no existe base para ello. Si el magistrado viera indicios de delito tras efectuar estas averiguaciones y estos implicaran a Alperi, el caso tendría que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia al estar el ex alcalde aforado por su actual condición de diputado autonómico.
La situación de aforado del anterior alcalde ya ha obligado en otras ocasiones a los jueces alicantinos a remitir causas al tribunal autonómico. Tal fue el caso de los tres aparcamientos subterráneos adjudicados a Ortiz, un asunto en el que se investigaba un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento y que, tras la instrucción llevada a cabo por el magistrado Jesús Gómez-Angulo durante casi un año, acabó archivando el TSJ nada más recibir la causa.
Igual final para Alperi tuvo el "caso Mercalicante" abierto por un desfalco millonario en la empresa de capital mixto. El máximo órgano judicial de la Comunidad, a cuyo frente se encuentra Juan Luis de la Rúa, concluyó que el ex alcalde no podía ser considerado responsable del agujero contable de la mercantil.
El juez de Orihuela no entrega documentos desde hace 40 días
El juez del caso Brugal, que investiga, entre otros, el Plan Zonal de la Vega Baja o la adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela, anunció el 2 de septiembre que levantaba el secreto de sumario. Cuatro días más tarde, el día 6, entregó a las defensas, en soporte digital, las escuchas policiales a políticos y empresarios imputados; entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. En total, casi 2.000 folios de documentación y sólo una pequeña parte de lo que hay en el sumario. Cuarenta días los abogados se preguntan dónde está el resto. El magistrado ya dijo entonces que tenía graves problemas para facilitar la documentación por la falta de medios en el juzgado. No ha puesto al día de hoy otra excusa. En este tiempo sólo ha notificado recursos contra sus autos. D.P./M.A.
El mismo juzgado que investiga a Gregory
El juzgado que ha asumido la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante es el mismo que indaga también supuestas actuaciones delictivas en relación con la compraventa de camiones de Autisa, mercantil del empresario Rafael Gregory, imputado en el grueso del "caso Brugal". Esta pieza separada, también desgajada de la investigación de las basuras, fue incorporada a la abierta la pasada primavera por la presunta estafa en el renting de camiones en la que aparecen imputados Gregory y un hermano suyo.
