La gestión municipal del Ayuntamiento de Alicante ha llegado a los juzgados. Concretamente a tres. El juzgado de Instrucción número 8 de la capital investiga en el "caso Isjoma" un supuesto amaño en la adjudicación de la contrata de suministro de material para eventos culturales y festivos, mientras que el número 4 se encarga de vislumbrar presuntas irregularidades en el pago de obras complementarias en la plaza de Magallanes y el número 9 busca esclarecer si una empresa vinculada a un concejal pactó comisiones ilegales. El resultado hasta ahora son dos ediles del grupo popular y varios técnicos municipales imputados, así como gestiones de otras tantas áreas municipales investigadas por mandato judicial.
El primero en llegar ante la Justicia fue el "caso Isjoma". El juez Gómez Angulo (el mismo que instruyó la causa de los aparcamientos en la que estaban implicados, entre otros, el anterior alcalde, la actual primera edil y el empresario Enrique Ortiz y que después acabaría archivando el TSJ) investiga un posible cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de la contrata del suministro de material festivo y cultural por seis millones de euros y por un tiempo de ocho años a la mercantil Isjoma. En este proceso, abierto por la Fiscalía Anticorrupción en 2009 tras una denuncia de la empresa Alavés (que competía con Isjoma por hacerse con la contrata) está imputado el jefe de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante, un área que dirige el edil Andrés Llorens, quien no ha sido citado por el juez en relación a esta causa, al menos de momento.
En la que sí ha sido imputado este concejal es en la que investiga el juzgado de Instrucción número 4 tras una denuncia presentada por el grupo socialista ante la Fiscalía Anticorrupción. La juez imputa al edil de Atención Urbana y primer teniente de Alcalde por presunta falsedad en documento público por unas obras complementarias en la plaza Magallanes, en el barrio de La Florida, que fueron adjudicadas después de que los trabajos finalizaran y hubieran sido incluso inaugurados. El juez ha llamado a declarar al edil el próximo 21 de noviembre en un asunto en el que hay otro técnico municipal imputado que intervino como director de las obras.
El último de los ediles del equipo de Gobierno que preside Sonia Castedo imputado por la Justicia es el concejal de Modernización de Estructuras, el regatista Kiko Sánchez, en el punto de mira por presunto cohecho y tráfico de influencias. Su asunto llegó al Palacio de Justicia de una manera similar al de Isjoma. Un empresario, en este caso el responsable de Rótulos CTM, adjudicatario de los telecentros de la ciudad, denunció en Anticorrupción que una empresa vinculada a Sánchez podría haber recibido dinero de otras firmas pantalla que figuraban en la adjudicación.
Para ello no dudó en denunciar a su propio hijo, administrador de CTM, ni en grabarle una conversación que presentó como prueba en la que hablaba con el administrador de la empresa vinculada al concejal, Uneo, sobre unas comisiones y reservas de dinero en negro. La causa acumula cinco imputados: el edil, su hermano, dos empresarios y un asesor.
Ripoll: otro edil en el punto de mira por el "caso Brugal"
No está imputado por asuntos municipales, aunque sí por su posición al frente de la Diputación y su responsabilidad como presidente del Consorcio Provincial de Residuos. Estos cargos de José Joaquín Ripoll, también edil en el ayuntamiento de Alicante, le han llevado a estar en el cerco de personajes imputados en el "caso Brugal" por la adjudicación del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja. Desde el PSPV su imputación es clave para exigir responsabilidades. La candidata del PSPV a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, instó ayer en un comunicado a Castedo a dar explicaciones sobre "los tres ediles del PP imputados por presunta corrupción" y a demostrar
si "tienen las manos limpias".
