El ajuste económico impuesto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado ha supuesto una nueva "carga de profundidad" para el futuro del trasvase Júcar-Vinalopó al no prever ningún tipo de partida para la construcción de la potabilizadora con la que tratar las aguas que se bombeen a la provincia desde Cullera. Ni cuarenta, ni veinte, ni siquiera un euro para iniciar una infraestructura que la Junta Central de Usuarios consideraba clave para reincorporarse a un proyecto que, a día de hoy, continúa sin usuarios y con un futuro más que incierto.

El Ministerio de Medio Ambiente (Aguas del Júcar) contará con 4,7 millones de euros para finalizar la canalización en 2011 y proceder, incluso, a su inauguración, pero, según los usuarios que deben recibir el agua, el caudal trasvasado no tendrá la calidad suficiente para que pueda servir para todos los usos. Circunstancia que exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que el pasado febrero ratificó el cambio de toma de Cortes a Cullera, pero recordado que se debía cumplir estrictamente el plan de cuenca del Júcar. El documento en vigor especifica en su artículo 24, apartado 1c, que: "Se fija en 80 hm3 el volumen máximo anual que pueda destinarse actualmente a paliar la sobreexplotación y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-l'Alacantí y Marina Baja", con aguas sobrantes, una vez satisfechas las necesidades de la cuenca del Júcar.

El apretón presupuestario del Gobierno al Ministerio de Medio Ambiente para el año que viene no afecta, curiosamente, a la desalación (108 millones para las plantas de Torrevieja, Dénia y Mutxamel-El Campello), pero bloquea el trasvase Júcar-Vinalopó. Una infraestructura básica que vuelve a rodearse de sombras para desilusión de los usuarios y del propio secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, quien se había comprometido con la Junta Central para ejecutar un proyecto que, incluso, cuenta con el apoyo de los regantes de la cuenca cedente del agua.

Andrés Martínez, presidente de la Junta Central se mostró ayer contrariado por el "olvido" gubernamental. "Mientras el Gobierno no se convenza de que en Alicante necesitamos agua de buena calidad poco se avanzará. Hemos tendido la mano, hemos trabajado conjuntamente con la Confederación del Júcar y lo único que nos queda ahora es pedir un poco de sentido común".

La buena calidad del agua que llegue del Júcar al Vinalopó es una condición indispensable para que pueda ser utilizada, no ya para el abastecimiento de la población, sino para el propio riego. Fuentes del sector agroalimentario provincial recordaron ayer, en este sentido, que los grandes hipermercados son reacios a adquirir productos hortofrutícolas que no hayan sido regados con agua potable y rechazan la residual depurada. Realizan aleatoriamente análisis "multiresiduos" y en caso de aparecer algún resto de pesticidas o contaminación orgánica retiran el producto "y te juegas el que no te vuelvan a comprar", subrayó un portavoz .

La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó remitió a principios de septiembre una carta al Ministerio de Medio Ambiente en la que advirtió de que no aceptará el agua que llegue a Villena si ésta no tiene una calidad similar a la de Cortes.

Cataluña puede opinar contra los trasvases

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Gobierno de Murcia contra el artículo 117 del Estatut de Cataluña que le permite emitir informes sobre los trasvases en su territorio, como el del Ebro. El TC desestimó el 9 de septiembre recursos similares de la Generalitat Valenciana, Aragón y Baleares. F. J. B.