Un juzgado de lo Penal de Alicante condenó ayer a dos de cárcel a un hombre que amenazó con acuchillar a una magistrada del Palacio de Justicia de Benalúa, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. El hombre se enfrentaba a tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, pero ayer se declaró culpable de todos los hechos a cambio de que se le rebajara en un año su condena.

Los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2009 en los juzgados de Alicante, donde el acusado tenía abierta una causa por abandono de menor. El hombre, de iniciales J. H. S., se presentó en el edificio exigiendo reiteradamente hablar con la juez. Dentro de su tono amenazante, llegó a decir en los pasillos del juzgado y delante del secretario judicial que si la juez no le devolvía a su hijo, "tenía otro hijo toxicómano que a las siete de la tarde le iba a dar una puñalada".

Por estos hechos, otro juzgado de Instrucción abrió un procedimiento por un delito de atentado. Sin embargo, la primera vez que se señaló el juicio el acusado no se presentó a la vista, motivo por el que se dictó una orden de busca y captura contra él. Este requerimiento motivó que fuera detenido e ingresado en prisión preventiva.

Tras la conformidad de ayer, el acusado quedó en libertad, ya que carecía de antecedentes penales y la pena no excedía los dos años de cárcel. Además de deberá pagar una multa de tres meses con una cuota diaria de diez euros, lo que suma un total de 700 euros. De todas maneras, la puesta en libertad del procesado se demoró debido a que un fallo informático bloqueó los ordenadores del juzgado. Para dar celeridad a su liberación, el juzgado tuvo que redactar el auto manualmente, ya que de lo contrario el hombre podría haber pasado otro día más en prisión.

El fiscal le ha aplicado los artículos 550 y 551 del Código Penal que prevé penas de entre dos y cuatro años de cárcel para quien trate de intimidar a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que se trate de agentes o de funcionarios públicos la pena se reduce a un arco de entre uno y tres años. El hecho de que las amenazas se profirieran en el juzgado y ante la presencia del secretario judicial indican para el fiscal que el acusado era consciente de la condición de autoridad y de que la persona amenazada se encontraba ejerciendo su cargo. Dada la condición de juez de la persona amenazada, la pena impuesta ha sido la mínima de las previstas en el Código Penal.

Investigaciones de cartas anónimas contra magistrados

No es la primera amenaza a magistrados que acaba en los juzgados. Este verano el Cuerpo Nacional de Policía abrió una investigación este verano para esclarecer las amenazas de muerte a una juez de Alicante que recibió en su propio despacho una carta anónima. El escrito anónimo era corto y la frase amenazante estaba hecha con letras recortadas de periódicos. Fuentes cercanas al caso indicaron que decía lo siguiente: "Señora jueza, comisionados políticos, acaba de firmar su sentencia y la de su familia de muerte". Hace tres años aproximadamente el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, también fue amenazado de muerte y el temor inicial fue mayor porque el escrito había sido enviado desde el País Vasco. Al final se detuvo a un ex sacerdote con algún tipo de perturbación mental como presunto autor de estas misivas que se enviaron a varios jueces. J. A. M./P. C.