Ante un empate técnico, el clima social alrededor de una infraestructura conflictiva -como el almacén nuclear- es crucial para elegir el muncipio donde se construirá, según fuentes cercanas al Gobierno. El Consell tenía fácil mostrar su malestar y rechazo ante el Gobierno, pero no lo hizo. Así se desprende del informe sobre emplazamientos para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) del Ministerio de Industria.
Mientras, los parlamentos autonómicos de Cataluña y Castilla-La Mancha enviaron al ministerio los pronunciamientos negativos a la ATC de sus respectivas cámaras. En el caso de la Comunidad Valenciana, ni Las Cortes ni el Consell remitieron una proposición no de ley contra el almacén aprobada en 2006 por Las Cortes; con los votos a favor del PP, del diputado ecologista impulsor del texto, Carles Arnal, y con la abstención del PSPV.
En aquella resolución, Las Cortes pedían "al Gobierno español que rechace la pobilidad de ubicar el almacén centralizado provisional en superficie de residuos nucleares de alta actividad en la central nuclear de Cofrentes o en instalaciones anexas a ella" y también que "Las Cortes declaren de manera solemne su firme oposición a albergar en territorio valenciano los residuos nucleares de alta actividad que provienen de las centrales nucleares del Estado español". De ese acuerdo tenía que dar cuenta Las Cortes en los siguientes tres meses. Sin embargo, la mayoría del PP silenció ese texto antinuclear -avalado por los populares- hasta en siete Comisiones de Seguridad Nuclear posteriores. La Generalitat Valenciana había sido la primera autonomía en posicionarse en contra del ATC, pero el gobierno de Camps ni lo publicitó ni envió el acuerdo al Ejecutivo español.
En el informe sobre los posicionamientos de las comunidades autónomas sobre la instalación del Almacén Temporal, el apartado de la Comunidad Valenciana se resume en cinco líneas en las que se explica que "no se tiene constancia de posicionamiento alguno de Las Cortes Valencianas" y que "en el escrito remitido por la Conselleria de Medio Ambiente únicamente se formulan alegaciones en relación con la aplicación de los criterios de la convocatoria pública al término municipal de Zarra". De la negativa de Las Cortes aprobada en 2006, nada de nada.
Ayer, el Consell afirmaba que remitió un informe en abril de este año en el que pidió considerar la "posible afección" de los espacios naturales y de los hábitats de conservación prioritaria de la zona. Asimismo la Generalitat destaca que la ubicación del almacén debe "garantizar la preservación de la insfraestrucutura verde".
"Intentan hundir a la Comunidad"
El conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, denunció ayer que el Gobierno "intenta hundir la Comunidad Valenciana dejándola sin los recursos económicos y naturales necesarios, como el agua, y mandándonos los residuos de toda España". Cotino aseguró que su partido quiere que la Comunidad "sea productiva y verde", por lo que "el Ejecutivo "debe corresponsabilizarse y sentarse a hablar con nosotros sobre temas prioritarios como la financiación, el agua y también sobre el cementerio nuclear". Y concluyó: "El Gobierno central ha intentado atacar los intereses de la Comunidad imponiendo un cementerio nuclear en Zarra sin tener en cuenta las alegaciones que el Consell presentó ante esta posibilidad".
Compromís
"El PP hace dejación
de funciones"
La diputada de Compromís, Mireia Mollà, acusó ayer "al PP de hacer dejación de sus funciones" por no enviar a Madrid la proposición no de ley aprobada por Las Cortes en 2006 de rechazo al almacén nuclear. "Los valencianos fuimos los primeros en manifestarnos en contra y ahora nos encontramos ante una indefensión total porque lo que se aprueba en Las Cortes después no se cumple" apuntó. Mollà trasladará la información al diputado de Iniciativa en el Congreso, Joan Herrera, para que "llegue hasta el final". Por su parte el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, reclamó ayer una movilización ciudadana contra el ATC y tildó de "sorprendente" la actitud de la Generalitat.
