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El PP rechaza la suspensión del plan de basuras de la Vega Baja adjudicado a Ortiz

La socialista Antonia Moreno se enfrenta a Joaquín Ripoll y Mónica Lorente en el pleno más tenso del mandato en la Diputación

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El PP rechaza la suspensión del plan de basuras de la Vega Baja adjudicado a Ortiz
El PP rechaza la suspensión del plan de basuras de la Vega Baja adjudicado a Ortiz 
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Pere rostoll
Enrique Ortiz mantendrá, por ahora, el timón del negocio de la basura en la Vega Baja. El PP rechazó iniciar el proceso para suspender la adjudicación para la construcción del vertedero comarcal, contrata que está en el epicentro de la investigación del caso Brugal en la que el propio Ortiz y Joaquín Ripoll están imputados por graves delitos, durante la sesión del pleno de la Diputación más tensa del actual mandato. Hubo un duro enfrentamiento entre la socialista Antonia Moreno, por un lado, y el titular de la institución provincial y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, por otro; y un cruce de descalificaciones y fuertes ataques personales. "Son ustedes un atajo de indecentes", espetó la diputada del PSPV entre las protestas desde los escaños del PP.
En el debut del nuevo equipo directivo del grupo socialista tras el relevo de Antonio Amorós -que, finalmente, asistió por sorpresa-, los efectos de la operación Brugal, en la que Ripoll está imputado por cinco supuestos delitos, envolvieron la sesión. Será así, todo parece apuntar en esa dirección, hasta que finalice el mandato en las elecciones del 22 de mayo de 2011. La moción del PSPV, en la que se solicitaba la paralización del contrato con la UTE formada por Enrique Ortiz y Cespa para gestionar las basuras de la Vega Baja, se incluyó en el orden del día, concedió Ripoll, "por la benevolencia" del titular de la Diputación, partidario, dejó entrever, de sustanciarla en el Consorcio de Residuos de la comarca de la Vega Baja.
A pesar de las constantes intervenciones de Ripoll para conducir el debate y llamar al orden, las intervenciones fueron durísimas. La socialista Antonia Moreno argumentó su discurso con una detallada cronología y con una serie de referencias documentales que tenían como objetivo demostrar que la alcaldesa de Orihuela y secretaria general del PP, Mónica Lorente, conocía antes de la adjudicación que, finalmente, el vertedero se iba a emplazar en la finca La Pistola, propiedad de Ángel Fenoll, pese a que la oferta ganadora, liderada por Enrique Ortiz, proponía, inicialmente, una ubicación próxima a Albatera. "Esta es la cronología de un amaño", vino a definir Moreno antes de remachar. "El resto del relato ya nos lo ha contado la Unidad de Delitos Fiscales. Está bajo sospecha un plan en el que existe una concurrencia de intereses público-privados para otorgar una contrata de 100 millones anuales durante los próximos 20 años", concluyó la diputada del PSPV.
La intervención de Antonio Moreno, que varias veces retó a Lorente a decir si está imputada, levantó ampollas en el PP. Especialmente entre los más próximos a Ripoll. Hubo una ausencia significativa en la bancada popular. Falló el alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, que, según el informe policial, también habría recibido pagos de la trama Brugal. Oficialmente, está fuera de España. Visiblemente nerviosa, la portavoz del PP, Mónica Lorente, basó gran parte de su intervención en una doble tesis: la corrección total y absoluta de la adjudicación a la alianza de empresas liderada por Ortiz -"impecable", lanzó-; y el intento de rebajar el valor del informe de la Policía asegurando que se basa en documentación aportada por la socialista Antonia Moreno y no en el expediente oficial. "¿Llevamos la basura a su casa?", preguntó Lorente a la diputada del PSPV para llevar el debate al terreno de la obligación de ofrecer un servicio público e intentar desgajarlo de la operación Brugal, una trama que derivó, apunta la Policía, en una red de financiación ilegal del PP.
Cerró Ripoll. Más didáctico que Mónica Lorente pero con una vehemencia que no había sacado en los dos mandatos que está a punto de completar en la Diputación, el líder provincial de los populares marcó el camino a seguir. Su grupo, en ningún caso, se plantea la suspensión de la adjudicación que, dice, es correcta. En los próximos días, sí dijo, se encargará un informe jurídico para determinar si, finalmente, el fallo que anula el cambio de ubicación de la planta se recurre o no.

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