La sombra de la causa de los trajes de Camps planeará sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas que deben celebrarse la próxima primavera. La duda está en si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados antes o después de los comicios. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la instrucción está terminada y que el juicio podría señalarse a comienzos del próximo año, pero todo dependerá de la celeridad que dé a la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El Supremo, al reabrir al caso, ordenó que todas las actuaciones retrocedieran al momento previo al de su archivo. La instrucción estaba prácticamente terminada, ya que todo apunta a que la nueva causa por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular se va a investigar de manera separada a ésta. Si no se practicaran nuevas pruebas, quedaría pendiente que el fiscal presentara su acusación y solicitara la apertura del juicio oral. Lo siguiente será dar traslado de la causa a la defensa para que presentara sus alegaciones. Una vez que ambas partes hayan presentado sus escritos, el juez les citará para una audiencia preliminar para decidir si hay que abrir o no juicio oral. Hasta esta fase se pueden pedir aún nuevas pruebas. El magistrado tiene tres días para decidir y si opta por continuar adelante, es una decisión irrecurrible.
Las partes tienen un plazo de quince días para personarse ante el Tribunal Superior de Justicia. En este trámite es cuando se designa el ponente, es decir, el juez que acabaría dirigiendo el proceso de jurado contra el presidente. Todo apunta a que ese magistrado sería Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ que aún no ha tenido que resolver nada sobre el caso de los trajes. Una vez personadas las partes, el ponente dictará un auto de hechos justiciables en el que fija lo que es el criterio de acusación y defensa. En esta fase se procedería a elegir a los miembros del jurado y se les daría un plazo para excusarse si hay causa legal para que les exima. Las fuentes consultadas por este diario es que el plazo desde que se designa al ponente y se señala el juicio suele oscilar entre los tres o los cuatro meses. Ahora ya sólo quedaría poner la fecha para celebrar el juicio.
¿De dónde se sacará a todo el jurado?
El caso de los trajes de Camps ha puesto al Tribunal Superior de Justicia en la tesitura de decidir de dónde saca a los miembros del jurado, ya que no estaba previsto que celebrara causas con tribunales populares. La duda está en si echa mano a la bolsa de 2.000 jurados de la provincia de Valencia para sortear a 36 miembros, o coge una parte de las bolsas de cada provincia de la Comunidad. Parece que se impondrá el criterio de elegir a los jurados de la bolsa de Valencia, ante las incomodidades que supondría a los habitantes de Castellón y Alicante el tener que ir a Valencia para ser jurado y pagar su estancia.
