Ripoll defiende la contrata que originó el ´caso Brugal´ y afirma que se tramitó conforme a la ley

P. ROSTOLL
Una tramitación perfecta y ajustada a la ley. En el inicio del curso político, el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, defendió la adjudicación del servicio de basuras de la Vega Baja -la contrata que originó la investigación del "caso Brugal", en la que Ripoll está imputado por cinco graves delitos- y aseguró que, después de revisar toda la documentación, se hizo conforme a la ley y sin ningún tipo de irregularidad. "El expediente es perfecto", aseguró el líder provincial del PP a este periódico. El titular de la Diputación, a las puertas de que en noviembre arranque el proceso de designación de candidatos del PP en el que aspira a un tercer mandato en la institución provincial, volvió a pedir al juez que instruye la "operación Brugal" -en la que están encausados empresarios, entre ellos Enrique Ortiz, y tres ediles del PP en Orihuela- que levante el secreto del sumario para poder organizar su propia defensa.
Ripoll volvía a la actividad institucional en la Diputación con el acto de presentación de las tres etapas de la Vuelta a España que discurrirán el próximo fin de semana en las comarcas alicantinas, pero, pese a todo, no se pudo quitar de encima la sombra de un asunto que provocó, a primeros de julio, su detención y su posterior imputación judicial. "En las últimas semanas -el presidente de la Diputación, en esta ocasión, no ha salido de la provincia durante sus vacaciones estivales- he repasado y he dado vueltas a la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja y he llegado a la conclusión de que está perfecto". Desde que estalló el asunto, Ripoll ha mantenido, en todo momento, que la tramitación del expediente fue perfecta. "Se siguieron todos los informes técnicos y todos los trámites de la adjudicación salieron adelante por amplia mayoría e, incluso, en alguno de los casos por unanimidad", aseguró el presidente de la Diputación.
Como en ocasiones anteriores, Ripoll señaló que la instrucción del "caso Brugal" se ha paralizado durante el mes de agosto y que sólo conoce, como novedad, el envío de la causa a un juzgado de Alicante, que a su vez lo ha decidido devolver a Orihuela. "Pero he sabido de esa situación a través de los medios de comunicación y, en ningún caso, de forma oficial", aseveró. El presidente de la Diputación recordó que, que desde un primer momento cuando declaró como imputado ante el titular del juzgado oriolano que instruye el caso, el "objetivo de mis abogados siempre ha sido que se levante el secreto de sumario en lo que respecta a mi persona". "Es que desconozco los presuntos hechos delictivos que se me imputan", subrayó antes de reiterar que "si no sabes de qué te acusan es muy difícil poder defenderte".
El dirigente provincial del PP confirmó que la investigación se centra "en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja" y volvió a insistir en su tesis sobre la legalidad de la adjudicación. "El expediente lo hemos repasado y le hemos dado vueltas, y pensamos que está perfecto y que ahí no hay ningún tipo de dudas", indició a pesar de continuar a expensas de que "se levante el sumario y se sepa qué es exactamente lo que el fiscal plantea".

No habrá congresos ni en Alicante ni en Elche
El también presidente del PP en Alicante, Joaquín Ripoll, confirmó que, en principio y tal como avanzó este periódico, no se celebrarán congresos locales ni en Alicante ni tampoco en Elche. Así lo aseguró Ripoll que, en principio, no ve necesario celebrar ninguna de las asambleas que restan por celebrarse -un total de 22, entre ellas las dos citadas más las de Torrevieja y Benidorm- porque, dijo, "está ya decidido que las candidatas de Elche y Alicante sean Mercedes Alonso y Sonia Castedo. No hay problemas en ese sentido". El PP celebrará en septiembre un comité ejecutivo en el que se pondrá en marcha el comité de listas provincial que presidirá la diputada Macarena Montesinos.