La asociación de vecinos de Gran Vía Sur considera "indignante" el visto bueno dado por la Conselleria de Medio Ambiente a las medidas anticontaminación adoptadas por el Puerto frente a la carga y descarga de graneles y asegura que en los últimos días las montañas del carbón descargado en el muelle 17 superan la altura de las pantallas cortavientos instaladas. "Las empresas llevan más de 20 años trabajando sin licencia y tememos que esta actividad pueda tener consecuencias para nuestra salud", sostiene el presidente de la asociación vecinal Manuel Alcón, quien apuntó que ya están preparando una demanda para volver a llevar ante la Fiscalía esta actividad, que consideran irregular.

Los vecinos recuerdan que hace unos días se sorprendieron al conocer que el Consell, a través de la Dirección General para el Cambio Climático, emitió un informe en el que avalaba las medidas anticontaminación tomadas para paliar la carga y descarga de graneles al aire libre, como la instalación de cortavientos naturales y artificiales. No obstante, la asociación vecinal incide en que la única medida efectiva pasaría por realizar la carga y descarga de cemento y carbón en el interior de naves y no al aire libre. Además, consideran que las medidas correctoras aplicadas hasta ahora "no son efectivas y no se cumple el compromiso de que las cargas no superarían la altura de las pantallas cortavientos de 12 metros", afirma Alcón. Al respecto, el representante vecinal dice que ha comprobado que desde el pasado fin de semana las montañas de carbón sobrepasan esas barreras. Además, Alcón insiste en que las tres mercantiles de graneles carecen de licencia y acusa al Ayuntamiento de "engañar a los ciudadanos que siguen sufriendo el polvo, pues todo sigue igual pese a que en 2008 se dictaron unos decretos municipales en los que se daba un mes para regularizar la actividad de las empresas".

Un cargamento "eventual"

Por su parte, fuentes de la Autoridad Portuaria reconocieron que en la última semana ha sido descargada una gran cantidad de carbón, que no de clínker (cemento)", pero aseguraron que se trataba de "algo eventual". En el perímetro delimitado por las pantallas anticontaminación, la normativa impide que la acumulación de material supere su altura (12 metros), pero desde el Puerto sostienen que el carbón se encuentra amontonado "fuera de la parte acotada por las pantallas cortavientos". Por su parte, los vecinos lo ponen en duda y sostienen que, de ser así, todavía resulta más contaminante.

Las mismas fuentes portuarias señalan que las pantallas llegan hasta la mitad del muelle y aseguran que en los próximos meses está previsto instalar más para completar la barrera. Además, indican que se han puesto en marcha otras medidas anticontaminación, como un mecanismo que advierte de la velocidad del aire para paralizar la carga y descarga de graneles cuando se superan los 28 kilómetros por hora.

Sin embargo, estas medidas no convencen a los vecinos, que inciden en que la única solución pasa por realizar la actividad en tolvas. Es decir, en un recinto cerrado y no al aire libre. Por ello, preparan una nueva demanda que prevén presentar en los próximos meses. La primera fue archivada, pero ahora los vecinos aseguran que disponen de más material para demostrar la contaminación que soportan debido al polvo que se desprende durante la carga y descarga de cemento y carbón que, según afirman, se produce por el día y también por la noche.

Los vecinos denuncian que las montañas de cemento y carbón en el Puerto superan las barreras protectoras instaladas para evitar la contaminación. Critican que la Conselleria de Medio Ambiente avalase a las tres empresas de graneles que, según los vecinos, llevan más de 20 años trabajando sin licencia. Exigen que la caga y descarga se haga en naves cerradas. Aseguran que están preparando una nueva demanda contra esta actividad (la primera fue archivada) y que en septiembre u octubre la presentarán ante la Fiscalía. Además, aportan un informe del Defensor del Pueblo en el que se refleja que el Ayuntamiento no ha colaborado aportando información sobre el estado de las licencias y ante la falta de respuesta se le incluirá como institución que no cumple con la normativa en el informe anual que esta institución eleva a las Cortes generales.