La liquidación de la financiación autonómica va a agravar todavía más, si cabe, la crítica situación de la Generalitat. Nada menos que 635 millones de euros, unos 105.000 millones de pesetas, tendrá que devolver el Consell a las arcas del Estado en un plazo que, inicialmente, se ha fijado en cinco años. El reparto de la financiación discrimina a los valencianos que perciben, por habitante, 335 euros menos que la media de España. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha solicitado ampliar el plazo de devolución a una década, pero el Gobierno de Zapatero se niega. En Madrid, de hecho, las cuentas tampoco están para excesivas florituras y necesitan aportaciones extra de fondos.

El modelo de financiación autonómica -igual que el de las entidades locales- se calcula a través de una estimación de ingresos. Al cierre del ejercicio, sin embargo, se hacen cuentas con los fondos reales que han engrosado las arcas del Estado y se emite una liquidación final que, en función del volumen de ingresos, puede ser positiva o negativa. Durante años, mientras la situación económica fue buena, no hubo problemas. Los ejercicios se cerraban con saldos favorables a las autonomías. Ahora, sin embargo, la crisis ha rebajado los ingresos del Estado y, por extensión, las aportaciones tanto al Consell como a los municipios. La Generalitat, de acuerdo con la última liquidación disponible, tendrá que devolver un total de 635 millones de euros -producto, en gran medida, de la caida del IVA por el descenso del consumo- a los que se suman los 174 de los municipios y las tres diputaciones.

La Comunidad sale claramente discriminada en el reparto de los fondos del Estado. Los datos son evidentes: recibimos 335 euros menos por habitante que la media del resto de España, lo que nos coloca a la cola de este ránquing; y la participación en los fondos de suficiencia es del 8% cuando representamos el 10% de la población. La memoria de la última liquidación desvela que, en apenas un año, la Generalitat ha dejado de percibir 1.887 millones y que para situarse en la media del resto de autonomías tendría que ingresar de las arcas de Madrid alrededor de 1.700 millones extras. La situación revela una gestión perjudicial del Gobierno de Madrid en la Comunidad pero también la falta de peso político y de capacidad negociadora del Consell del PP.

De visita en Alicante, el conseller de Economía, Gerardo Camps, negó que se hayan producido impagos de facturas aunque sí reconoció contactos con proveedores para tratar de aplazar el abono de servicios esenciales para la administración entre los que se encontraría el abastecimiento eléctrico y el teléfono. Mientras, sin embargo, la Generalitat sigue gastando sin control: ahora 13,5 millones para renovar, por dos años, el contrato de patrocinio con Air Nostrum. El Consell paga y en las cabinas de algunos aviones se ofrece publicidad de Oviedo y Zaragoza.