Centenares de causas de tráfico de drogas van a tener que ser revisadas a partir de diciembre con motivo de la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal. El nuevo texto suaviza las penas por los delitos de narcotráfico. Por un lado, se permite la posibilidad de cambiar las condenas de trabajos en beneficio de la comunidad por el pago de una multa. Ante esta situación, los ya desbordados servicios de ejecutorias de los juzgados de lo Penal de Benalúa temen un aluvión de reclamaciones para acusados que se encuentren en esa situación. Por el otro lado, en los procesos enjuiciados en la Audiencia, el abanico de penas comprendido entre los tres y nueve años de cárcel se reduce y pasa a ser de tres a seis, es decir, tres años menos. Abogados de presuntos narcos que se enfrentan a condenas superiores a los seis años de cárcel ya están pidiendo que se les aplique la nueva legislación, a pesar de que no estará vigente hasta finales de año. Para evitar problemas, la Audiencia está suspendiendo todos los juicios afectados por esta nueva situación legal para evitarse problemas posteriores. Si se les condenara ahora, con el código actual en diciembre la sentencia tendría que revisarse a la baja de todas maneras.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que se había optado por la solución de la suspensión como mal menor, al tiempo que precisaron que el número de casos afectados iba a ser muy limitado. En lo que llevamos de verano ya se han suspendido dos juicios y ahora la Audiencia no tiene vistas señaladas a causa de las vacaciones. La incidencia real de esta situación se verá a partir de septiembre cuando se retome la actividad normal. Los más afectados por esta situación son fundamentalmente procesados por tráfico de cocaína al menudeo, aunque en definitiva se trata de todos aquellos que se enfrentan a penas de cárcel superiores a los seis años de cárcel.

En los juzgados de lo Penal, en cambio, sí temen un impacto mayor con motivo de todas las sentencias que se van a tener que revisar por pequeñas causas de venta de drogas. Hasta ahora en estos juzgados se enjuiciaban los casos de drogas que podían ser penados con trabajos en beneficios de la comunidad. Sin embargo, uno de los problemas que está teniendo esta condena es que su índice de cumplimiento es muy bajo, dada la falta de plazas donde poder hacer la prestación. Por ello, el nuevo Código permite cambiar la posibilidad de poder cambiar estos trabajos por el pago de una multa. Esta opción queda abierta también a todos los que ya hayan sido condenados con anterioridad a la reforma o que hubieran pagado ya la multa y estaban todavía pendientes de que los servicios sociales penitenciarios les asignen un trabajo. Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, cada juzgado de Alicante tenía una media de más de mil sentencias por ejecutar al año y se registran una media de 5.000 ejecutorias.

Los temores se basan en que no son pocos los asuntos por tráfico de drogas que se tramitan en los juzgados. Según los controles de la Fiscalía de presos preventivos, hay una media de 150 reclusos en prisión que llevan más de tres meses esperando juicio. Asimismo, los fiscales tramitan un promedio de 1.500 causas por narcotráfico al año que se reparten entre la Audiencia y los juzgados de lo penal. El tráfico de drogas es el delito por el que más juicios se señalan en la Audiencia, algunos de ellos considerados de gran complejidad.