las universidades de la Comunidad, tanto públicas como privadas, tendrán que cumplir a partir de ahora una serie de requisitos por ley para poder implantar nuevas carreras y aumentar su actual oferta académica, siempre bajo la premisa de que no implique "financiación adicional", es decir que deberán atenerse a un "coste cero" para la Generalitat.

Para aprobar cualquier nuevo grado, el Consell exigirá desde una justificación de la demanda social de los estudios de que se trate -a través de los correspondientes análisis de mercado que deberán adjuntar los campus con la petición del nuevo grado-, hasta el equilibrio territorial a tener en cuenta para no duplicar carreras existentes, pasando por la garantía de autofinanciación del conjunto de los cursos de que conste la titulación.

Se trata de criterios que más de una vez han esgrimido los responsables políticos en ocasiones anteriores, pero que no se habían plasmado por escrito y, mucho menos, por ley. La última palabra la sigue teniendo la Generalitat, pero desde los campus indicaron ayer que, al menos, "podremos saber los elementos que se van a tener en consideración". Lo valoraron como una "guía útil".

También la calidad de las nuevas enseñanzas que se quieran impartir, dirigida hacia una "formación científica, humana, artística y técnica, necesaria para el desarrollo personal y profesional del estudiante" -como contempla el proyecto de orden al que ha tenido acceso este diario- será tenida en cuenta, junto a la especialización de cada universidad, pero sin dejar al margen "el contexto de cooperación interuniversitaria".

La nueva normativa regirá tanto para nuevos grados como para los másteres y los cursos de doctorado y, para poder implantarlos, se fija para las universidades públicas un "mínimo de 50 plazas de nuevo ingreso".

Asimismo deberá justificarse que se dispone del profesorado y personal de administración y servicios, además de incluir "avales internos o externos relacionados con el entorno económico y profesional del sector" sobre la enseñanza de que se trate. Se refiere a informes de los servicios de orientación laboral de las propias universidades o bien de los colegios profesionales y otros ámbitos similares. Incluso habrá que justificar que se cuenta con los espacios necesarios para incorporar el nuevo grado, incluidas aulas, laboratorios y bibliotecas.

El Consell tiene previsto aprobar la nueva orden para que entre en vigor el año que viene, para el curso 2011-2012.