El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, anunció ayer que el recorte de las ayudas económicas estatales a la entrada (firma del contrato de compra) de las viviendas de protección oficial (VPO) en el plan 2009-2012 anunciado por la ministra Beatriz Corredor representa la "puntilla" para el sector inmobiliario provincial, paralizado por la crisis y, "tras la decisión de la ministra sin salida a medio plazo".

Según una estimación de urgencia de Provia, la medida va a provocar la pérdida de 8.000 empleos, que 2.630 familias se queden si una subvención que puede alcanzar los 10.000 euros y la pérdida de una inversión directa de 276 millones de euros. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las cuentas de los promotores elevan el número de desempleados por la medida a un total de 15.000 personas y un desinversión de 510 millones de euros.

Jesualdo Ros reclamó ayer el amparo de Consell para "cubrir el vacío que la administración central deja a las familias con menos recursos económicos y al sector porque se quedan en el aire los nuevos proyectos". En concreto, Ros pidió vicepresidente Juan Cotino, responsable del urbanismo autonómico, que presione al Ministerio de la Vivienda para que las actuaciones que ya dispongan de la calificación provisional "tengan o no financiación puedan disponer de la ayuda a la entrada conforme está planteada actualmente, como cantidades fijas o mediante porcentajes sobre el precio de compraventa en función de los ingresos familiares", señaló Jesualdo Ros.

Los promotores estiman que destinar los recursos económicos que supuestamente se ahorre el Ministerio de la Vivienda a la rehabilitación y al alquiler "no es lo que los ciudadanos ni las empresas necesitan en este momento, pues esta medida va a ocasionar la paralización casi total de la actividad promotora y va a dificultar aún más el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y las familias de menor poder adquisitivo, es decir, los colectivos que más necesitan una aportación directa inicial", aseveró el secretario general de Provia y desde el pasado día 8 del presente julio de la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana (Feprova).

Ros considera que la ampliación del importe máximo del préstamo hipotecario del 80% al 90%, que pretende compensar de alguna manera la eliminación de la ayuda directa "es una medida totalmente ineficaz, pues es muy difícil que la banca cambie la estrategia que hasta el momento está siguiendo y porque, al fin y al cabo, no es una ayuda directa a las familias".

La crisis que atraviesa el sector inmobiliario alicantino ha provocado que en los últimos tres años sólo se hayan comenzado a ejecutar un 2% de los 33 proyectos de urbanización -PAI- aprobados por la Conselleria de Urbanismo para levantar 61.000 viviendas. En estos momentos apenas hay unas 1.220 viviendas nuevas en construcción en la provincia e, incluso, hay promotores que han comunicado a los respectivos ayuntamientos que renuncian a sus proyectos. La principal consecuencia negativa de esta coyuntura es la sangría laboral que ha sufrido la provincia en 3 años y que irá a más ahora. La mitad de las constructoras (6.420 de un censo de 14.400 mercantiles) en activo en 2008 habían desaparecido el pasado 31 de diciembre, lo que supuso el paro para 37.840 trabajadores, según datos de la Federación de la Construcción (Fecia).