La investigación del caso Brugal en la que aparece implicado el máximo accionista del Hércules en un presunto caso de corrupción en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja ha puesto también al descubierto los intentos del club herculano para comprar cuatro partidos en la fase final de la temporada para asegurarse el ascenso a la Primera División. Uno de esos intentos, el partido contra el Córdoba, sí fructificó, como publicó ayer este diario, pero en otros tres encuentros donde supuestamente se llevaron a cabo negociaciones para que los rivales del Hércules se dejaran perder no lograron su propósito, según se desprende de la investigación policial dirigida por el juzgado de Orihuela y la Fiscalía Anticorrupción.

Entre las intervenciones telefónicas realizadas a imputados en el caso Brugal figuran conversaciones referidas a la compra del partido del Hércules con el Córdoba y del intento de compra de los partidos que jugaron los herculanos en la fase final de la temporada ante la Unión Deportiva Salamanca, el Girona y el Recreativo de Huelva. Uno de los motivos por los que supuestamente no lograron amañar algunos de estos partidos fue que los rivales del Hércules estaban ya primados para ganar por otros equipos que disputaban el ascenso al club alicantino.

En el partido frente al Córdoba se intentó inicialmente pagar una prima conjunta de 300.000 euros para todo el equipo por facilitar la victoria del Hércules, pero la respuesta global de los jugadores fue negativa y las negociaciones se realizaron con el portero Raúl Navas, quien presuntamente cobró 100.000 euros por dejarse perder. Dicho encuentro lo ganó el Hércules 4-0 y, curiosamente, el portero que recibió presuntamente la prima de cien mil euros es uno de los menos goleados de la Segunda División.

El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, figura en las pesquisas sobre el amaño de partidos, mientras que el intermediario utilizado para negociar con los jugadores de otros equipos habría sido Tote, el capitán del equipo blanquiazul, según desvela la investigación judicial, que ha sido archivada por el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante al no ser delito la compra de partidos hasta que en diciembre entre en vigor la reforma del Código Penal, que sí que lo contempla.

Lo que no ha trascendido es si estos datos sobre la compra de encuentros de la Segunda División han sido obtenidos gracias a la intervención del teléfono de Ortiz o de algún otro implicado en el caso Brugal, ya que entre los 11 detenidos en esta operación, además del dueño del Hércules, se encontraban dos consejeros del club herculano.

Tras el archivo de esta causa falta saber si el juez comunicará estas presuntas irregularidades administrativas a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, como le ha solicitado el fiscal anticorrupción.

En el auto de archivo, el magistrado dice de las conversaciones intervenidas, en las que se habla de compra de partidos, que "aunque se entendiesen como ciertas en los términos propuestos por la interpretación realizada por los instructores del atestado, carecen de relevancia penal por tener lugar entre particulares a los que no alcanza la sanción penal prevista en los artículos 419 y ss. del Código Penal".

Además de este caso, hay otra causa del Brugal que afecta a la Fundación Hércules y que tras ser remitida de Orihuela a Alicante por el juez Carlos San Martín está pendiente de resolución en el juzgado de Instrucción número 4 de la capital alicantina.