La gran campaña del Hércules para ascender a Primera División puede verse enturbiada por la investigación abierta en un juzgado de Alicante a raíz de las pesquisas del caso Brugal sobre la contrata de basuras de Orihuela y la adjudicación, al máximo accionista del club herculano, de Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Además de la causa sobre las supuestas irregularidades que afectan a la Fundación Hércules que envió el juez de Orihuela y se tramita en el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, otro juzgado, el número 7, investiga al club herculano por la presunta compra de partidos en las últimas jornadas de la Segunda División para tener más posibilidades de lograr el ascenso.
Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez del caso Brugal por la adjudicación del plan de residuos a Ortiz son supuestamente los que han aportado datos sobre el posible pago de primas, tanto para conseguir que unos equipos ganaran sus encuentros como para que otros perdieran.
Hermetismo
El hermetismo policial y judicial sobre la decena de causas abiertas a raíz del caso Brugal, que se mantiene bajo secreto de sumario, no ha permitido aún conocer el número exacto de partidos que supuestamente podría haber comprado el Hércules.
No obstante, una de las pesquisas en esta segunda causa sobre el club herculano se centra en al menos un portero de un equipo de Segunda División que habría recibido una oferta de alguna persona vinculada al Hércules para perder un partido.
El máximo accionista del Hércules, el empresario Enrique Ortiz, fue uno de los once detenidos en la operación Brugal y por tanto sería una de las personas que han sido objeto de las intervenciones telefónicas. No obstante, entre los once arrestados también se encontraban dos consejeros del Hércules, José León, amigo de Ortiz, y el gerente de Inusa -una de las empresas del constructor-, José Candel.
Mientras que el pago de primas a un equipo de fútbol para ganar un encuentro no se considera delito, la compra de partidos para que un jugador o varios faciliten que su equipo pierda ofrece dudas para los juristas. Así, hay juristas que entienden que sí puede ser una conducta delictiva pero otros no.
Por tanto, habrá que esperar a conocer la decisión que adopte finalmente el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que sí ha aceptado la inhibición planteada por el juez de Orihuela y debe iniciar una investigación más amplia sobre la posible compra de partidos o bien dar carpetazo al asunto y archivarlo. Se desconoce si el juzgado ha requerido ya al fiscal anticorrupción que informe sobre dichos hechos para proceder en consecuencia.
