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El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha afirmado que "cual cuadrilla de presuntos delincuentes, en el PP han pactado una coartada para que no dimita nadie", ante la actitud pasiva mostrada por el Gobierno valenciano y el PP nacional en relación al "caso Fabra" y otros casos de presunta corrupción en la Comunitat Valenciana.
En un comunicado tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Alarte ha recordado que el 'caso Fabra', cuya instrucción se ha prolongado durante los últimos años, "atañe al presidente de la Diputación de Castellón", y ha explicado que supone "un grado intolerable de presunta corrupción".
Para Alarte, "Rajoy, con su apoyo, demuestra que es igual que Correa, Ripoll, Fabra y Camps, y que todos en el PP son los mismo", y ha criticado que "después de que la fiscalía pida 15 años de cárcel para Carlos Fabra, éste siga en su cargo público como si nada y haya obtenido, además, el respaldo del PP".
En la reunión, la Comisión Ejecutiva ha aprobado una declaración en la que han defendido que los últimos "acontecimientos conocidos sobre investigaciones y acusaciones judiciales a cargos públicos del PP", demuestran "que la conducta que todos los ciudadanos conocen de Francisco Camps es la misma de todo el PPCV".
"Son pocas las instituciones por encima de los ayuntamientos de la Comunitat" que, según se asegura en la resolución, no estén "investigadas o intervenidas por el poder judicial", como "la Diputación de Castellón, la de Alicante, la presidenta de Les Corts, el president de la Generalitat, dos vicepresidentes y tres consellers, además de múltiples cargos orgánicos del PPCV".
Los socialistas valencianos están "convencidos" de que "tras la paralización del funcionamiento de las instituciones a causa de los procesos judiciales contra sus dirigentes", en los próximos meses "los ciudadanos van a asistir al colapso tanto del PPCV como de todas las instituciones que estos gobiernan".
Respecto a la situación política de la provincia de Castellón, la dirección del PSPV considera que "para desgracia de sus ciudadanos y la reputación de la provincia", el nombre de Castellón "lleva demasiados años vinculado a la corrupción y al autoritarismo de Carlos Fabra y todo el PP provincial".
Sobre la provincia de Alicante, han criticado que el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y otros cargos públicos "fueron detenidos y acusados de presuntos delitos de corrupción", y han calificado el caso como "una constatación más del mal uso de las instituciones y los recursos públicos".
Además, han defendido que la democracia "debe asentarse en el servicio público, la transparencia en la gestión, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad política", y han explicado que "la corrupción, el autoritarismo y la opacidad" tienen "un impacto negativo en la economía" y suponen "un desafío inaceptable a los principios morales de la convivencia como sociedad".EFE
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