El "caso Brugal" se sostiene por algo que cabe en un bolsillo. Toda la prueba de peso con que cuenta el fiscal Felipe Briones para, dice, demostrar que existieron irregularidades, tanto en la adjudicación del servicio de las basuras de Orihuela como del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, cabe en algo que se ha hecho tan familiar como un "pendrive", un simple lápiz digital. Pero la realidad es que lo que tiene el juez Carlos San Martín como prueba de peso es una transcripción de las escuchas, tarea que ha ocupado cientos de folios que se guardan con celo en un armario, siempre cerrado, del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela. Es falso cuando se dice que "hay 60 tomos o más". Bueno, al menos hasta que el pasado 6 de julio se procedió a autorizar los registros. Entonces sí se cargaron suficientes papeles y documentos para generar tanto tomo. Pero antes no. Sólo estaban las transcripciones.
Hasta que no se levante el secreto de sumario no se sabrá quién estaba "pinchado" y qué móviles se ha autorizado que se intervinieran por los distintos jueces que han pasado por este juzgado. Varias fuentes hablan de una treintena y que la tarea no ha sido fácil porque muchos de los protagonistas cambiaban de número. Localizar cuál era el nuevo es ahora tarea fácil para la Policía. Ya les gustaría a ellos saber cómo. Pero hay más de treinta "pinchazos" telefónicos. Eso es seguro.
Antecedentes
En mayo de 2007 se autorizaron las escuchas a raíz de una denuncia del empresario Ángel Fenoll, a la sazón el gran protagonista de este asunto porque fue detenido entonces y lo ha vuelto a ser ahora, se supone que por hechos conexos. Las conversaciones más "jugosas" no han salido de su móvil, sino de los de su entorno y de otros protagonistas "menores". La sensación de impunidad, de que se sentían seguros durante las conversaciones, ha hecho el resto. Otra cuestión es si será suficiente para una acusación formal. "Una conversación no es una prueba si no se respalda con algo más", asegura una fuente que añade: "En este asunto hay muchas conversaciones pero ¿pruebas?".
La Policía ha estado amparada en todo este proceso por el fiscal Briones y éste creyó a finales de 2007 que estaba ante la "punta de un iceberg"; de hecho, este proceso se ha desgajado, al menos, en nueve causas y salpica también a juzgados de Alicante y Murcia.
El fiscal, aupado porque el juzgado de Primera Instancia 3 ha visto pasar hasta cuatro jueces en este tiempo -si hubiera estado el mismo magistrados todas las fuentes coinciden en que habría sido imposible una prórroga tan larga del secreto-, ha dado su visto bueno a que la Policía siguiera obteniendo autorización tras autorización todos los meses para las escuchas. Y así ha sido, al menos, hasta que llegó el juez San Martín y dijo "basta". De ahí que se autorizaran con rapidez todos los registros de forma simultánea porque el caso tenía que estallar.
Transcripciones
Todas las grabaciones han sido transcritas por la misma pareja de policías y han supuesto un quebradero de cabeza para el juzgado. Especialmente para el secretario porque él ha tenido que dar fe de su contenido y adverarlo. A partir de ahora, cuando se levante el secreto de sumario, comenzará otro proceso paralelo de las defensas para saber si lo que la Policía dice que hay en las cintas está realmente y si quien lo dice es su cliente u otro. Pero eso será otro capítulo.
