La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, salió ayer en defensa del director general de Urbanismo de la Generalitat, José María Selva Ros, justificando su intervención en la autorización de una central termosolar en Villena que se construye sobre terrenos propiedad del alto cargo. Según Sánchez de León, la intervención del Selva fue para "rectificar un informe que se inició por otros responsables políticos no estando él como responsable de esa materia".

A preguntas de este diario sobre si el Consell conocía el interés personal del director general de Urbanismo la portavoz hizo una aparente negativa que era en realidad una afirmación: "No tengo constancia de que no fuera propietario", admitió Sánchez de León, aunque sí "constancia absoluta" de que él no intervino en ese expediente, salvo para hacer una "rectificación posterior".

"No puedo dar más datos en estos momentos pero tengo la garantía, la firmeza y la seguridad de que se podrá ver con claridad absoluta que la información publicada [ por INFORMACION] no era exacta", concluyó Sánchez de León.

Entre la documentación que obra en poder de este diario, el único documento en el que aparece la firma del alto cargo en relación a la tramitación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la Central Termosolar de Villena es una propuesta de resolución para "rectificar un error". Sin embargo, en su condición de Jefe de Área de Urbanismo (nombrado a finales de 2007) y de Director General de Urbanismo, Selva no sólo no podía firmar ese documento sin incurrir al menos, en un claro incumplimiento de la ley de Incompatibilidades, sino que debería haberse apartado por escrito renunciando expresamente al expediente por su condición de propietario. Así lo hizo, por ejemplo, su conseller, Juan Cotino, cuando accedió al cargo para no tener que firmar nada relacionado con la empresa familiar Sedesa.

José Manuel Selva Ros y sus tres hermanos son propietarios de 256.093 metros cuadrados de tierras cerealistas -suelo no urbanizable- de escaso valor sobre las que Enerstar -promotor de la central eléctrica- ofreció una opción de compra condicionada a la ejecución del proyecto, para lo que se requiere la "reclasificación" del suelo que supone la DIC. No consta, sin embargo, que se produjera esa abstención cuando en 2007, José Manuel Selva hereda un expediente de Declaración de Interés Comunitario iniciado un año antes. Tampoco consta que lo hiciera en noviembre de 2008, cuando es nombrado director general de Urbanismo; apenas una semana después firma "la corrección de errores" a la que aludía la portavoz del Consell.

Las Declaraciones de Interés Comunitario que permiten la reclasificación de usos en suelo no urbanizable son tramitadas por el Servicio de Coordinación Territorial de la Dirección General de Urbanismo en la que Selva fue jefe de Servicio y director general después.

Mientras, la oposición reclamó ayer la destitución de Selva si no dimite en 24 horas. Compromís también reclamó su comparecencia parlamentaria "por su participación en el permiso para la central".