Las presuntas aportaciones de dinero a la Fundación Hércules a cambio de contratas públicas adjudicadas por la Diputación procederían, paradójicamente, de Elche. El juzgado de Instrucción número 4 de Alicante ha decidido aceptar la causa desgajada del caso Brugal que afecta a la entidad herculana y por la que se investiga a una empresa de Elche, según ha podido saber este diario. El nombre de la firma, dedicada a obras y construcciones, no ha trascendido aún al encontrarse el caso bajo secreto sumarial.
Asimismo, las investigaciones realizadas por este juzgado tratarán también de aclarar si las cantidades presuntamente pactadas llegaron a la fundación o si parte de ellas fueron "desviadas". Entre los posibles delitos que investigaría este juzgado están el de tráfico de influencias, revelación de secreto, prevaricación y cohecho y, según ha podido saber este diario, las pesquisas apuntan a "un enriquecimiento ilícito a través del compadreo".
Entre las causas sobre las que el juez instructor del caso, Carlos San Martín, se ha inhibido se encuentra ésta vinculada al equipo blanquiazul. La Fundación Hércules de Alicante tuvo al empresario Rafael Gregory como presidente en funciones durante un tiempo. Gregory, también imputado en el caso Brugal, dimitió tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de una estafa millonaria. Enrique Ortiz baraja colocar a su hija mayor al frente de esta entidad.
La que apunta a la Fundación Hércules es una de las siete causas en las que se ha troceado la investigación y que han sido remitidas a Alicante. Entre los expedientes sobre los que el magistrado se ha inhibido está la que investiga al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por presuntas irregularidades en relación con el Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja, adjudicado en 2008 a la unión de empresas Cespa-Ortiz.
Entre las indagaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que hasta ahora ha instruido la causa, aparecen varios nombres relacionados con el Hércules C.F. como son el de su principal accionista, Enrique Ortiz; el ex presidente de la Fundación Hércules, el empresario Rafael Gregory; y el de dos consejeros del club, José León y Luis Candel, éste último, gerente a su vez de Inusa, una de las firmas de Ortiz.
Aforados
Si durante las investigaciones admitidas por los jueces se detectara la implicación en algún hecho presuntamente delictivo de un aforado, como parece que podría ocurrir, la causa en la que apareciera tendría que ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana siempre que se tratara de un diputado autonómico, lo que parece más factible.
Por otro lado, como ya informó este diario, el juez San Martín ha ampliado la investigación de la contrata municipal de las basuras de Orihuela a cerca de 40 personas, a las que les ha reclamado un domicilio para que estén localizadas ante futuras notificaciones. Este magistrado también ha repartido otras causas derivadas de Brugal en Orihuela y en un juzgado de la región de Murcia.
