Guardia Civi

Investiga el derribo de un edificio en el centro histórico de la ciudad

El Seprona abre diligencias para determinar si la orden de demolición dada por la Concejalía de Imagen Urbana es delito

 09:52  

MANUEL DOPAZO Efectivos de la Guardia Civil, a través del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) investiga si la demolición del edificio de la calle Rafael Terol número 20 es constitutiva de delito contra el Patrimonio Histórico al tratarse de un inmueble incluido en el catálogo de bienes protegidos. La orden de derribo la dio la concejala de Imagen Urbana, Oti García Pertusa, pese a que el propio Ayuntamiento establece que la fachada de este inmueble no debe demolerse.
El Seprona, con una gran diligencia y efectividad, inició sus pesquisas el pasado martes, sólo un día después de que el alcaldable de EU, Miguel Ángel Pavón, y ayer comunicó al Ayuntamiento la apertura de "diligencias policiales con la finalidad de aclarar y determinar los responsables de los hechos por si los mismos pudieran incurrir en un delito contra el Patrimonio Histórico recogido en el artículo 321 y sucesivos del Código Penal", según se indica en el escrito del seprona.
Hay que recordar a este respecto que el inmueble demolido está incluido en el Plan Especial de Protección del centro Tradicional, aprobado ya definitivamente desde hace unos días, y en el Plan general de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente. En ambos casos se trata de una protección parcial que obliga a la conservación de la fachada, cosa que no se ha respetado con la demolición llevada a cabo.
El servicio de la Guardia Civil añade en el oficio que ha remitido al Ayuntamiento que tras personarse en lugar del derribo constató que el edificio de Rafael terol 20, esquina a Galdó Chápuli 1 "ha sido derribado en dos plantas y un altillo/ático y solamente se encuentra en pie la planta baja".
El Seprona pregunta al Ayuntamiento si el edificio está catalogado, el interés que motivó su protección, su antiguedad y si la Comisión Municipal de Estética y Patrimonio tuvo conocimiento del derribo antes y después del mismo. También si el derribo tenía todos los permisos y las personas que han intervenido en el mismo. La edil Oti García Pertusa, firmante del decreto de derribo, deberá responder al Seprona.

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