Una de la decena de causas desgajadas del caso Brugal que han sido enviadas a los juzgados de Alicante y Orihuela por el juez Carlos San Martín podría afectar a un diputado autonómico y, por lo tanto, aforado. No obstante, de momento ninguno de los órganos judiciales de Alicante y Orihuela que han recibido piezas separadas de las diligencias abiertas en 2007 por las presuntas irregularidades en la contrata oriolana de basuras ha derivado las causas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Fuentes judiciales descartaron la presencia de aforados nacionales en las causas que se están investigando, pero dejaron entrever que algún diputado autonómico podría estar implicado.
El hermetismo en los juzgados de Benalúa sobre el reparto y contenido de las siete causas que envió la semana pasada el juez de Orihuela es total y ni siquiera se conoce aún qué juez debe asumir o rechazar la instrucción de las diligencias sobre el plan zonal de residuos en la que ha sido imputado el presidente de la Diputación. Sólo ha trascendido que de las siete causas de Alicante, cuatro se refieren al plan zonal, a la Fundación del Hércules, al revólver hallado en la empresa de Ortiz y a un asunto relacionado con funcionarios.
La notificación judicial a cerca de cuarenta personas de Orihuela, Murcia o Madrid que ha realizado el magistrado San Martín en relación con este proceso está causando gran incertidumbre entre los afectados, principalmente por cómo está redactado el auto. De hecho, según pudo saber este periódico, los asesores jurídicos del Ayuntamiento de Orihuela han solicitado una aclaración sobre su contenido al magistrado porque del texto, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se podía desprender que figuran en las actuaciones como imputados. Algo que el Ayuntamiento oriolano se encargó ayer de negar, como que el edil Rodríguez Barberá se encuentre entre los que han recibido la citación.
Por otro lado, el concejal de Los Verdes de Orihuela Manuel Gallud predijo que "habrá más detenciones" a raíz de la ampliación de la investigación del caso Brugal a casi 40 personas, entre ellas la alcaldesa de esta ciudad, Mónica Lorente, y el ex alcalde José Manuel Medina.
El Ayuntamiento de Orihuela no quiso hacer más declaraciones sobre este asunto y añadió que los concejales estaban tranquilos y deseando que se levante el secreto de sumario cuanto antes para poder defenderse.
