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El Gobierno valenciano no ha pensado "en ningún momento" en reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana para asumir algunas de las competencias que el Tribunal Constitucional reconoce al Estatuto catalán e intentará buscar otras vías que le permita adoptar aquellas atribuciones que le interesen.

Así lo han explicado en rueda de prensa la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quienes han presidido la reunión de la comisión de expertos para el estudio de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

"No hemos hablado ni pensado en ningún momento en una reforma del Estatuto", ha afirmado Sánchez de León, quien ha asegurado que el texto valenciano, tal y como está en la actualidad, permite interpretar, a la luz de la sentencia del Constitucional, "muchas cosas de forma diferente a como se hace ahora".

Tras puntualizar que no se decidirá sobre qué aspectos se reclaman las competencias hasta que la comisión de expertos no finalice su tarea, ha señalado que aunque la reforma del Estatuto valenciano no se ha planteado, "si se produjera una desigualdad absoluta y radical" se valoraría qué medidas adoptar.

La consellera ha apuntado que un caso en el que se podría plantear una ampliación de competencias sería las referidas a los depósitos judiciales, como las fianzas, ya que el Constitucional reconoce la capacidad de la Generalitat catalana de poder gestionar estos fondos.

En la misma línea se ha pronunciado Castellano, quien ha sido más contundente y ha manifestado que "no se descarta nada", aunque también ha aclarado que para asumir determinadas competencias no hace falta iniciar una reforma estatutaria que requeriría una mayoría cualificada de Les Corts Valencianes.

El conseller de Gobernación y presidente de la comisión de expertos ha aclarado que la intención del Consell no es entrar en una "guerra" de estatutos que a su juicio "no beneficia a nadie", sino de "defender con justicia, igualdad y solidaridad" los derechos de los ciudadanos de la Comunitat.

"No vamos a caer en el error de reivindicar aquellas cuestiones en las que no hemos creído nunca", como las referidas a justicia o instituciones penitenciarias, pero sí aquellas que influyen "en materias sensibles para el desarrollo" de esta autonomía, como son el agua o la financiación, ha aclarado.

Preguntado sobre la posibilidad de aplicar la cláusula Camps, que permite al Estatuto valenciano asumir competencias ampliadas por otras leyes, ha reiterado que no van a descartar "nada", aunque ha aclarado que este precepto no puede entenderse como un "arma para actuar contra nadie".

Ambos consellers han incidido en que en todo caso no se adoptará ninguna medida concreta hasta que la comisión de expertos no finalice su trabajo, algo que no sucederá hasta el próximo 27 de septiembre cuando deberán presentar sus informes, que se debatirán y de los que se extraerá una conclusión el 4 de octubre.

La comisión, que analizará tanto los artículos y preceptos del Estatuto catalán que han sido declarados inconstitucionales como los que son considerados correctos, realizará estudios sobre ámbitos como la justicia, la financiación, las competencias en el Archivo de la Corona de Aragón, el agua, el uso del término nación y la cuestión local.

Sánchez de León ha incidido en la importancia de la sentencia del Constitucional ya que "pule el sentido pactista" que tenía el Estatuto catalán y favorece su inserción en el modelo de Estado español.

Por su parte, Castellano ha criticado la actuación en este tema del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que pretende "burlar" la sentencia del Constitucional "legislando a la carta con fines electoralistas".