El PP sumó ayer un nuevo varapalo a su estrategia judicial ante el caso Gürtel, al tiempo que tuvo que encajar los reproches del juez por sus "desmedidas" críticas al fiscal y la advertencia de que, con su proceder, se corre el riesgo de convertir la causa en una "batalla campal". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó el recurso de los populares contra el auto del pasado 25 de mayo en el que amplía a siete la lista de presuntos delitos cometidos por destacados miembros del PP valenciano y el Consell y se inhibe a favor del TSJ de Valencia para que los investigue.
La resolución de Pedreira, ratificada en su integridad, abre la puerta a que el juez Flors que instruye en Valencia la causa de los trajes contra el presidente Francisco Camps cambie la imputación que pesa contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a cohecho activo al entender que existe relación casual entre los regalos recibidos de la trama y los contratos que llovieron desde la Generalitat. Con todo, el auto no es firme ya que el escrito del PP incluía de forma subsidiaria la apelación ante la sala de lo civil y penal. Las partes tienen cinco días para las alegaciones.
Aunque la decisión de Pedreira era previsible, el auto de 30 páginas hecho público ayer no se limita a incidir en los fundamentos jurídicos que llevó al juez a inhibirse en favor de Valencia, una decisión basada en la existencia aforados sobre los que pesan indicios de nuevos delitos y que buscaba evitar la prescripción de los electorales que también podrían salpicar a Camps. El escrito del juez está trufado de reproches al PP, personado en la causa de Madrid como acusación particular, pero que, en opinión del PSPV está actuando como defensa de Camps. Pedreira insta al PP a "atemperar" el debate procesal que "ha alcanzado un tono excesivamente crítico" y le afea el uso de un lenguaje "desmesurado y rayano con la descalificación". Tras "declarar la correcta actuación del ministerio fiscal", califica de "inusual" la defensa que hace el PP de "algún encausado" y le recomienda "prudencia y ponderación", si bien rechaza, como pedía el PSPV, expulsarlo del procedimiento. Eso sí, con la advertencia de que si sigue por el camino de las "descalificaciones" lanzadas tanto al ministerio fiscal como a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso se adoptarán medidas previstas por el ordenamiento jurídico. Pedreira admite "la gravedad del caso y las agudísimas tensiones sufridas, de las que ninguna culpa han tenido el fiscal, ni los funcionarios intervinientes".
Rechazo a la lluvia de informes
El instructor evidencia también su rechazo a la lluvia de informes y contrainformes remitidos al tribunal y cita, entre otros, el informe sobre contratación de la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu encargados por Presidencia de la Generalitat para tratar de contrarrestar el de la unidad de auxilio judicial sobre los contratos de Orange Market que desvelaba numerosas irregularidades en la contratación del Consell y señalaba en alguna adjudicación al presidente del Consell.
