La investigación judicial del denominado caso Brugal ha terminado salpicando al Hércules. Entre el conjunto de causas en las que se ha dividido la parte del proceso que afecta a la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, y que han recaído sobre al menos media docena de juzgados de instrucción repartidos por la provincia, hay una de ellas vinculada al equipo blanquiazul. Un juez investiga si hubo adjudicación de contratos públicos a empresas a cambio de que éstas inyectaran dinero a la Fundación Hércules, si bien se desconoce con qué objetivo concreto ya que los hechos forman todavía parte del secreto de sumario. Si en el curso de la investigación el juez detectara la implicación de algún cargo público con condición de aforado tendría que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La Fundación Hércules de Alicante tuvo al empresario Rafael Gregory como presidente en funciones durante un tiempo. Gregory, también imputado en el caso Brugal, dimitió tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de una estafa millonaria. Enrique Ortiz baraja colocar a su hija mayor al frente de esta entidad que, en breve, se convertirá en poseedora del paquete mayoritario de las acciones del Hércules mediante la ampliación de capital puesta en marcha y por la que recibirá 18 millones de euros avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La que apunta a la Fundación Hércules sería una de las causas en las que se ha troceado la investigación y que han sido remitidas a Alicante. Además de la causa que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, entre los asuntos enviados por el juez de Orihuela a Alicante hay otro relacionados con la implicación de funcionarios con otros hechos presuntamente delictivos.
Las escuchas telefónicas que ha practicado la Policía desde que se inició el caso en 2007 habrían propiciado la apertura de nuevas líneas de investigación además de la contrata de basuras de Orihuela y la adjudicación del Plan Zonal de Residuos.
Entre las indagaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que hasta ahora ha instruido la causa, aparecen varios nombres relacionados con el Hércules C.F., como son el de su principal accionista, Enrique Ortiz; el ex presidente de la Fundación Hércules, el empresario Rafael Gregory, y el de dos consejeros del club, José León y Luis Candel, éste último, gerente a su vez de Inusa, una de las firmas de Ortiz, la que se encarga precisamente de las plantas de tratamiento de residuos. Los cuatro declararon la semana pasada ante la Policía y posteriormente ante el juez en Orihuela y algunas de las preguntas del interrogatorio estuvieron relacionadas con la entrega de dádivas a funcionarios o cargos públicos a cambio de favores y con la posibilidad del desvío de dinero a paraísos fiscales. De los cuatro imputados anteriormente citados, sólo se dictó auto de prisión eludible con fianza de 100.000 euros para Rafael Gregory, cantidad que, como publicó ayer este diario, ya se ha hecho efectiva.
Alzamiento parcial
Mientras tanto, el juez instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, acordó ayer el levantamiento parcial del secreto de sumario. El magistrado ha ordenado levantar el secreto de la parte de las actuaciones de las que el juzgado oriolano se ha declarado competente, es decir, la que afecta a la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Orihuela de la contrata de limpieza y recogida de residuos en el municipio. El levantamiento no se materializará hasta que sea declarado firme el auto, fechado el 14 de julio, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en el de cinco. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción habría recurrido ya esta decisión del juez.
En cuanto a la parte de la investigación de la que el juez se ha inhibido (la que afecta al Plan Zonal de basuras de la Vega Baja y otras causas no conexas que han sido enviadas a varios juzgados de la provincia, la mayoría de ellos en Alicante), el magistrado ha acordado también una prórroga del secreto de las actuaciones de diez días, si bien el instructor precisa en el auto que "coherentemente con la declaración de incompetencia, el alzamiento del secreto no podrá operar sobre tales hechos mientras no se reciba la comunicación del juzgado" en el que haya recaído el asunto. Al final será el juzgado que asuma cada causa quien decida si mantiene o levanta el secreto de las actuaciones.
