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Condenan a Proaguas Costablanca al pago de 2 millones de euros

Según el juzgado se realizaron daños a olivares de Biar por la aplicación de lodos de depuradoras

 21:05  

EFE/ informacion.es

Un juzgado de Alicante ha condenado al organismo Proaguas Costablanca, dependiente de la Diputación Provincial, al pago de dos millones de euros por presuntos daños en olivares del municipio de Biar como consecuencia de la aplicación en 1997, 1998 y 1999 de lodos procedentes de estaciones depuradoras.

Así lo han informado hoy fuentes de la corporación provincial, que han precisado que la sentencia rebaja de nueve millones de euros a 2.081,29 euros la indemnización reclamada por las empresas demandantes SAT Biar nº7970, Sesivam XXI, S.L. y Estación de Servicio Torrente, S.L..

Las mismas fuentes han señalado la aplicación de biosólidos se realiza según el convenio de colaboración suscrito desde 1996 entre la Diputación de Alicante y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, dependiente de la Generalitat.

La corporación provincial ha precisado que, como la resolución judicial no es firme, el pasado lunes se presentó un recurso de apelación en el que se solicita que se desestime íntegramente la demanda interpuesta, al entender que el organismo "ha actuado en todo momento con absoluta rigurosidad técnica y transparencia".

El gerente de Proaguas Costablanca, Fernando Modrego, ha afirmado que "se ha cumplido escrupulosamente con la normativa que regula la aplicación agrícola de lodos de depuradora que se recoge en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre".

"Desde el inicio de la actividad se han formalizado convenios de colaboración con la Universidad de Alicante y con la Miguel Hernández de Elche para realizar analíticas de los suelos agrícolas, antes y después de la aplicación, supervisando, además, interrumpidamente dicha actividad", según Modrego, quien se ha mostrado convencido de que el recurso contra el fallo prosperará.

Por otra parte, el Consejo de Administración de Proaguas Costablanca ha estudiado una previsión de la reducción del gasto en materia laboral de un cinco por ciento para 2010, lo que supone un descenso en las retribuciones de los trabajadores de la empresa pública, siguiendo las medidas adoptadas por el pleno de la corporación provincial del pasado mes de junio.

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