Los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Los Verdes, Antonia Moreno y Monserrate Guillén, coincidieron ayer en pedir la destitución de los tres concejales imputados en el caso "Brugal", Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia. Aunque esta coincidencia tuvo sus matices. Moreno mostró su convencimiento de que la alcaldesa estaba al tanto de las supuestas irregularidades que Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía supuestamente cometieron en el proceso de adjudicación de la contrata del servicio de recogida de basuras. Además, la portavoz socialista cargó toda la responsabilidad política de estos hechos sobre los hombros de Lorente, por lo que le exhortó a que destituyese a los concejales imputados, a los cuales atribuyó "hacer cosas ilegales a cambio de dinero", y los cesase de militancia en el PP de Orihuela. El último de los anuncios de Moreno sirvió para recordar que su grupo, el socialista, lleva denunciando desde "hace más de dos años" presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la contrata de basuras e insistir en que el empresario Ángel Fenoll está detrás de la UTE en la que recayó. De este modo, Moreno amenazó con pedir un pleno extraordinario para votar la retirada de la concesión a la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja si se "confirman" los hechos denunciados por su grupo. Por su parte, Guillén exigió la dimisión de Rodríguez Murcia, Sánchez y Abadía y, si no la presentan, que la alcaldesa los destituya. "Estos cargos (cohecho, fraude y negociación prohibida a los funcionarios) están en íntima relación" con las competencias de los ediles imputados, sostuvo.
"Por supuesto que no"
El portavoz adjunto del equipo de Gobierno, David Costa, contestó a las peticiones de los dos partidos de la oposición: "Por supuesto que no se va a destituir a nadie". Costa apeló a la presunción de inocencia de los concejales y aseguró que "no se va a juzgar a nadie antes de tiempo". Así, explicó que la actuación de los ediles en el proceso de adjudicación está respaldada por los expedientes oportunos, que están "dentro de la legalidad".
El dirigente del PP Esteban González Pons dijo ayer por su parte que la neutralidad de Interior está en entredicho desde que está al frente el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, e insistió en que la detención de Ripoll fue policial, no judicial y se decidió en Madrid, en un día que resultaba "más conveniente al Gobierno y con aparato cinematográfico".
