informacion.es
La acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, pide 20 años y tres meses de prisión y 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero.
Según han informado hoy a EFE fuentes cercanas al caso, la UCE, representada por el abogado José Luis Vera, presentó ayer ante el juzgado número 1 de Nules el escrito de calificación después de que el juez titular, Jacobo Pin, diese cinco días de plazo a las partes para registrar sus peticiones.
El pasado 1 de julio, el juez dictó un auto en el que acordó continuar el procedimiento abierto contra Fabra -imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal-, su esposa, María de los Desamparados Fernández, el empresario Vicente Vilar y Monserrat Vives, ex esposa de Vilar.
La acusación popular considera que Fabra ha de ser juzgado por cinco delitos fiscales, por los que pide un total de 12 años y medio de prisión, así como una multa del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por el presidente de la Diputación (que ascendería a más de 1,7 millones de euros) multiplicado por seis.
Con respecto al cohecho activo continuado y cohecho pasivo, la UCE reclama tres años y nueve meses de prisión para el también dirigente del PP de Castellón y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante 12 años, a los que hay que sumar otros seis años de inhabilitación por un supuesto delito de tráfico de influencias, por el que se pide además un año de cárcel.
En su escrito, la acusación popular reclama asimismo tres años de prisión para Fabra por blanqueo de capitales, un delito que el juez no ha imputado al presidente de la Diputación.
Las mismas fuentes han explicado a EFE que la UCE solicita 13 años de prisión para la esposa de Fabra por cuatro delitos de fraude fiscal y por blanqueo de dinero, mientras que para el empresario Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, pide cuatro años de cárcel para cada uno por cohecho y tráfico de influencias.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.
A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y, tras ello, el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
