Tras una semana durísima que arrancó con la detención de Joaquín Ripoll y el registro de la Diputación y del Ayuntamiento de Orihuela y terminó con la imputación del titular de la institución por cinco graves delitos, cohecho y fraude entre otros, en el marco de la "operación Brugal", la cúpula del PP de Alicante, sin embargo, mantiene intacto, al menos por ahora, el respaldo a la figura de su presidente. De momento, no han salido a la luz fisuras hasta el punto que, de momento, lo que los ripollistas pedían para Francisco Camps, que se marchara tras su imputación en el caso Gürtel, ahora no vale para Ripoll que, consideran, debe continuar, incluso, como candidato a la reelección en 2011.

Aunque el máximo responsable de la institución provincial y de los populares alicantinos ha intentado evitar que sus afines aparecierean como peones de una estrategia de defensa, lo cierto es que, en último extremo, el comité de dirección provincial del PP dejó claro, a través de sendos comunicados, su respaldo incondicial a Joaquín Ripoll. A partir de ese punto, los populares alicantinos tienen que empezar a diseñar una estrategia de contraataque para intentar salvar los muebles. Y los tiros, al margen de ataques a la Fiscalía y al Fiscalía, apuntan a la tesis de la indefensión. De hecho, Ripoll ya ha aludido en dos ocasiones a la cuestión de que no conoce los hechos que sustentan su imputación. Y, por tanto, eso le impide tomar acciones en su defensa. Pero, además, también se van a sumar a la del atropello y el exceso de los despliegues policiales en instituciones de la provincia. De la Diputación, señalan, salieron voluminosas cajas que apenas contenían un par de carpetas.

El expediente de adjudicación de la gestión de las basuras de 27 municipios de la Vega Baja, un importante contrato para dos décadas adjudicado a una UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz, apuntan, cuenta con todos los parabienes legales. "Es impecable", señalan desde el PP de Alicante y, además, como en el resto de planes zonales de residuos, la Diputación lo otorgó siempre con el visto bueno de la conselleria de Medio Ambiente y de los alcaldes, que también validaron el acuerdo. Por tanto, dicen, la "honorabilidad" de Ripoll está fuera de toda duda y, de ahí, que no quieren ni escuchar hablar de la posibilidad de un relevo en la candidatura electoral del PP para la Diputación en los comicios locales de dentro de diez meses.

Lo tienen claro. Salvo una situación insostenible. Propondrán a Ripoll como aspirante a la reelección en la institución provincial. Si Camps repite, no ven motivos para que el actual presidente de la Diputación deje de optar a un tercer mandato, como era su aspiración. Y más allá, si Génova, finalmente, apuesta por un relevo de Joaquín Ripoll también debería dejar caer a Camps. En la cúpula de los populares alicantinos, de hecho, entienden que la situación del presidente de la Diputación no afecta a las expectativas electorales del PP y, además, creen, la particularidad de la elección de los diputados provinciales, no por vía del voto sino a través de una designación indirecta, facilita también las cosas. Joaquín Ripoll, en ningún caso, será cartel electoral a pesar de que de forma expresa el comité de listas del PP, por contra, sí designa un candidato a la Diputación.

Los campistas, sin embargo, entienden que al máximo responsable de los populares alicantinos se la ha desmoronado la imagen de referente ético del PP que había pretendido coger tras la imputación de Camps en el caso Gürtel. Ahora, subrayan, Ripoll también está en esa situación y no toma la decisión que le reclamó al jefe del Consell. No sólo ponen en cuestión la continuidad de Ripoll como candidato por su imputación judicial sino además porque, en opinión de los afines al jefe del Consell, el PP de Alicante no está cohesionado. Y, una vez más, aparece el ejemplo de Fabra. En 2007, el líder del PP de Castellón, ya imputado, fue candidato porque tenía el apoyo de su provincia al completo. Ripoll, dicen en Valencia, sólo tiene a la mitad.