Camps descarta solicitar a Madrid que tome medidas ya contra Ripoll

La cúpula regional del PP entiende que, salvo que la situación judicial del presidente de la Diputación se agrave, se deben evitar sanciones para que  no se reavive el conflicto interno

 02:19  
Ripoll, con uno de sus abogados, el pasado jueves a su llegada a los juzgados de Orihuela.
Ripoll, con uno de sus abogados, el pasado jueves a su llegada a los juzgados de Orihuela.  jose navarro

Al menos por ahora y salvo que la situación judicial del titular de la Diputación, Joaquín Ripoll, se agrave, la dirección regional del PP, con Francisco Camps a la cabeza, no incluye en su agenda la opción de elevar a Madrid un expediente disciplinario contra el también líder de los populares en Alicante. En la tesitura tan complicada en la que se mueve el PP de la Comunidad -con el propio Camps imputado en el caso Gürtel, Carlos Fabra a punto de sentarse en el banquillo y con Ripoll, desde el pasado jueves, imputado también por cinco graves delitos, entre ellos cohecho o fraude en relación con la "operación Brugal"- lo que menos interesa en estos momentos a la cúpula autonómica del PP es "presionar" a Madrid para actuar contra el presidente de la Diputación y atizar el conflicto interno. El caso Brugal tiene su origen en la adjudicación de la contrata de basuras de la Vega Baja para los próximos veinte años.
Aunque todo está condicionado, en cualquier caso, a las decisiones que vaya tomando el tribunal, de momento, explicaron fuentes populares, la hoja de ruta de las próximas semanas es "estirar" la estrategia de la crítica contra el Gobierno y la Fiscalía para presentar las investigaciones contra cargos del PP como una persecución y un ataque a las instituciones de la Comunidad. Tanto campistas como ripollistas admiten que el jueves, durante su comparecencia ante el juez de Orihuela, Ripoll salvó un "match-ball". Es decir, si, finalmente, el magistrado hubiera aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para enviarlo a prisión eludible con una fianza de medio millón de euros, quizá, en estos momentos, el titular de la Diputación ya se hubiera marchado. O le hubieran obligado a hacerlo.
Pero eso no ocurrió. Así que, a día de hoy y siempre con la cautela de que cualquier auto judicial puede cambiar el escenario en un minuto, la cúpula regional del PP entiende que es mejor, a diez meses para las elecciones municipales y autonómicas, tratar de esquivar escenarios que puedan generar conflicto. Así, ni solicitará sanciones contra Ripoll -el comité de derechos y garantías puede elevar la propuesta a Madrid, que tiene la última palabra- ni tampoco avala la idea de embarcarse en maniobras orgánicas -nombramiento de gestoras o congresos extraordinarios- que puedan generar ruido de sables. No es el momento, admiten fuentes de la cúpula regional del PP.
En el fondo, sin embargo, el problema, reconocen desde la formación, es que, con el paso del tiempo, los populares valencianos se han ido atando de pies y manos para atajar las investigaciones de casos de corrupción que han surgido entre sus filas. En su día, señalan los ripollistas, no se tomaron decisiones contra Luis Díaz Alperi, Pedro Hernández Mateo o contra el propio Camps. Como tampoco se sancionó a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón e imputado por varios delitos. Así que, en estos momentos, la suspensión cautelar de militancia contra Ripoll sería, antecedente en mano, difícilmente justificable para Rajoy. Otra cosa, reiteran, es que la situación se agravara con nuevos datos sobre la trama o con "filtraciones", algo que genera inquietud en el PP.
Dirigentes de Génova, aunque es cierto que hay división de opiniones, entienden que, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, "en Alicante, el PP no tiene más remedio que esperar a ver qué va decidiendo el juez". No hay una decisión en firme, apuntan, y recuerdan casos de dirigentes regionales imputados o de alcaldes que sufrieron meses de "linchamiento mediático" y que luego, sin embargo, acabaron siendo absueltos. Con este escenario y salvo nuevas decisiones judiciales en su contra, en principio, el presidente de la Diputación tendría el camino más o menos despejado para terminar su actual mandato en la institución provincial hasta 2011.
Otra cosa es evidente, apuntan desde la cúpula regiona del PP: la carrera política de Joaquín Ripoll se encuentra en una situación muy complicada. Límite. Y que, por lo tanto, en la actual tesitura, sí podría sustanciarse su relevo cuando el comité de listas, dentro de unos meses, inicie el proceso de confección de las candidaturas electorales. ¿Argument0? La instrucción de la "operación Brugal", entienden en el PP, se puede alargar durante años y, por tanto, no se resolverá, todos los indicios apuntan en esa dirección, antes de los comicios locales y autonómicos de dentro de diez meses. Carlos Fabra continuará hasta esa fecha y luego, por sucesión natural, se marchará. Así que, entienden en la dirección regional del PP, Joaquín Ripoll tendría que tomar el mismo camino que el veterano líder castellonense.
En Valencia distinguen la situación de Fabra y del líder de los populares alicantinos del escenario en el que se mueve Francisco Camps. Los dos primeros están imputados por delitos que podrían conllevar no sólo penas de cárcel sino también de inhabilitación para ocupar un cargo público. Por contra, sin embargo, señalan, el presidente de la Generalitat tiene una imputación por cohecho impropio, que tiene pena de multa. En la cúpula regional del PP, además, confían en evitar que el jefe del Consell sea imputado por delitos más graves en la pieza del caso Gürtel que incluye las investigaciones sobre la contratación de la Generalitat con la red de Correa y El Bigotes o la supuesta financiación ilegal del PP. Así que, entiende la dirección regional de los populares, Camps podría ser candidato en 2011 a la reelección, sin embargo Joaquín Ripoll no. Pero eso sí generaría un conflicto.

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