El juez de Orihuela que investiga presuntos casos de corrupción en la Vega Baja decretó ayer prisión con fianzas de 300.000 y 100.000 euros para el empresario Ángel Fenoll y su hijo y dejó en libertad -pese a la petición del fiscal de que decretara cárcel con fianza de 50.000 euros- a los tres ediles oriolanos presuntamente implicados en la trama. No obstante, los tres concejales sí fueron imputados por el juez por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las fianzas impuestas a Fenoll -el fiscal pidió que fuera de 800.000 euros- y su hijo se suman a las dos de cien mil euros que ya pagaron cuando fueron encarcelados en 2007 en el inicio de esta misma operación, que aún sigue bajo secreto de sumario después de tres años pese a las quejas de las defensas de los implicados. El juez les ha dado un plazo de cinco días hábiles para hacer efectivo el pago de la fianza si no quieren volver a Fontcalent.
Como ocurrió el día anterior con los interrogatorios del presidente de la Diputación, de Enrique Ortiz y del resto de empresario imputados, los cinco nuevos acusados del caso no pudieron conocer los hechos concretos que sustentan la acusación. Fuentes jurídicas indicaron que fueron "preguntas genéricas" y una de las que fueron planteadas a los concejales imputados es si facilitaron información a terceras personas a cambio de dádivas. Tanto los tres ediles como Ángel Fenoll prestaron declaración ante el juez del caso, mientras que el hijo del empresario se acogió a su derecho a no declarar, presumiblemente como estrategia de la defensa para esperar a que se levante el secreto de sumario y saber de qué se le acusa concretamente.
Las comparecencias en el juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela se prolongaron desde las nueve de la mañana hasta cerca de las cuatro de la tarde. Tras la imputación y puesta en libertad de los tres ediles, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, no se pronunció y esperará hasta el lunes para valorar la situación.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana emitió un nuevo comunicado en el que informó de que ayer se practicaron cinco diligencias de imputación judicial y se explicó a cada afectado que "no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones". Lo que sí hizo el magistrado Carlos San Martín en todos los casos fue exponerles textualmente cada delito que se les imputa inicialmente. Según el TSJ, las imputaciones de los dos empresarios que comparecieron ayer "han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales iguales o similares" a los delitos imputados al presidente de la Diputación y al resto de personas que comparecieron el día anterior en el juzgado.
Los abogados de Fenoll y su hijo se marcharon de las instalaciones judiciales sin precisar los delitos que les imputan, aunque este diario ha podido saber que la Fiscalía Anticorrupción pidió el encarcelamiento del empresario por tráfico de influencias, recibimiento de información privilegiada, fraude, cohecho, inducción a la prevaricación y amenazas.
Declaraciones
El concejal de Medio Ambiente, Ginés Sánchez Larrosa, abrió el turno de comparecencias y en apenas media hora ya estaba en los pasillos del juzgado con la notificación judicial en la que se acordaba su imputación y no se adoptaban medidas cautelares como solicitaron los dos fiscales anticorrupción, quienes pidieron al juez que decretara un auto de prisión preventiva eludible con una fianza de 50.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Su compañero José Antonio Rodríguez Murcia, concejal de Pedanías, entró a continuación y aún estuvo menos tiempo. En veinte minutos salió del despacho judicial y en la misma situación que Sánchez Larrosa. El magistrado también rechazó decretar la prisión provisional con fianza de 50.000 euros que pidió la Fiscalía Anticorrupción.
El concejal de Servicios e Infraestructuras, Manuel Abadía, fue el tercer edil en comparecer y cuarenta minutos después salió con la misma tranquilidad con la que entró y en la misma situación judicial que Sánchez Larrosa y Rodríguez Murcia. Con un escueto "bien" inició Abadía la explicación sobre lo sucedido a sus colegas de la corporación oriolana, quienes le esperaron en el interior del Palacio de Justicia para salir todos juntos a la calle.
La expectación ciudadana en la puerta de los juzgados, a diferencia del día anterior con Ripoll, era mínima pese a que se trataba de tres concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Por contra, el despliegue de medios de comunicación sí era importante y los tres ediles se detuvieron inicialmente y Abadía únicamente dijo que "el caso está bajo secreto de sumario y sólo puedo decir que reiteramos nuestra confianza en la Justicia". El concejal Ginés Sánchez destacó que "estamos en libertad sin medidas cautelares" y añadió que "habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario para poder defendernos. Esperamos que sea lo antes posible y se cierre el caso en beneficio de todos".
Pasado el mediodía, los tres ediles se marcharon caminando en dirección al Ayuntamiento asediados por las cámaras, hasta el punto de que el concejal Rodríguez Murcia espetó a los periodistas que "nos vais a hacer famosos".
"Esto no hay quien lo entienda"
Mientras esto ocurría, Antonio Ángel Fenoll entró en el juzgado para realizar la diligencias de imputación judicial y cuando él estaba dentro llegó su padre acompañado de dos abogados. Pese a acogerse a su derecho a no declarar, la comparecencia del hijo del empresario se prolongó durante 45 minutos. En ese tiempo su padre mostró un semblante de preocupación. "Estoy no hay quien lo entienda, ¿tú lo entiendes?", manifestó a este diario Ángel Fenoll tras mostrar su confianza en que no iba a ser encarcelado e iba a poder ver mañana la final del Mundial entre España y Holanda.
Media hora después de terminar la comparecencia del hijo, éste fue llamado de nuevo y le notificaron el auto de prisión eludible con una fianza de 100.000 euros, la misma cantidad solicitada por el fiscal Anticorrupción.
Sobre las dos de la tarde se inició la comparecencia del empresario presuntamente implicado en irregularidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y en la contrata de basuras de Orihuela. Se prolongó durante una hora y media y tuvo que ser interrumpida unos minutos porque Ángel Fenoll sufrió una indisposición en la declaración y su hija fue requerida por el abogado para que le llevara medicación por problemas de hipertensión. Tras este imprevisto concluyó el interrogatorio y el fiscal solicitó al juez que acordara la prisión eludible con una fianza de 800.000 euros, la misma que pidió para el constructor Enrique Ortiz. El magistrado Carlos San Martín dictó el auto de prisión pero rebajó la fianza a 300.000 euros.
Fenoll eludió a los periodistas al salir de los juzgados, aunque fuentes próximas al empresario indicaron que salió en coche sin realizar declaraciones a los periodistas para evitar un nuevo achaque como el que tuvo en la comparecencia.
Quién si realizó declaraciones poco antes fue su hijo Antonio Ángel, quien aseguró que "todo va bien" y que se iba "satisfecho". El hijo añadió que "me voy satisfecho" y precisó que le acusan de "los mismos delitos que hace tres años" y que "es la misma fianza" que en 2007, aunque no aclaró que debe pagarla de nuevo. Precisamente, a petición del fiscal, el juez acordó que las fianzas de 100.000 y 300.000 euros son adicionales a las fijadas al inicio del proceso hace tres años "para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente", según señala el TSJ en su comunicado.
El juez del caso ha comunicado a las partes que tienen tres días de plazo si quieren presentar un recurso de reforma contra los autos dictados ayer.
