El Consell disuadirá con imágenes de  fetos a las mujeres que quieran abortar

La Generalitat entregará material gráfico sobre embriones en formación en los centros sanitarios

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Paula Sánchez de Léon, ayer, en la rueda de prensa del Consell.
Paula Sánchez de Léon, ayer, en la rueda de prensa del Consell.  INFORMACIÓN
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julia ruiz valencia
El Consell que preside Francisco Camps inició ayer su particular cruzada para poner palos en las ruedas en la aplicación en la Comunidad Valenciana de la nueva ley de Salud Sexual Reproductiva y de Interrupción del Embarazo. Camps no se ha atrevido a plantear abiertamente una insumisión, pero ha impulsado una serie de medidas que, como mínimo, buscan disuadir a las mujeres que hayan decidido no continuar con su embarazo. Para ello, no dudará en repartir a todas las mujeres que acudan a los centros de salud imágenes de fetos en proceso de formación. En rueda de prensa, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró que se aportaría "información visual tanto del proceso de interrupción del embarazo como de la formación de la vida a través de cualquier formato gráfico como ecografías en 3D". Sin embargo, posteriormente, fuentes del Consell matizaron estas palabras y descartaron que esté previsto ofrecer imágenes de abortos. "Sólo habrá imágenes de la gestación", indicaron las citadas fuentes que negaron que se tratara de una rectificación sino de un error en la comunicación. Sobre el material gráfico, se precisó que no se ha concretado si se incluirán vídeos.
La portavoz aseguró que el objetivo es informar de la "trascendencia ética" de su decisión. Explicó que el objetivo es ampliar el artículo 17.4 de la nueva ley del aborto, que regula el derecho a la información con carácter previo a la prestación del consentimiento. Según Sánchez de León, además de informar de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales sobre el aborto, se informará a las mujeres sobre la "trascendencia ética de la decisión".
La decisión adoptada en el pleno del Consell está abocada a la polémica, ya que supone añadir mayor presión psicológica a la mujer que ha decidido abortar. Además, introducir el concepto "trascendencia ética" rompe con la neutralidad con la que las administraciones deben aplicar las leyes, con lo que, fuentes jurídicas dudaban ayer de la cobertura legal de esta medida.
También suscita dudas legales el anuncio de la constitución de una comisión de expertos para redactar una normativa específica autonómica que regule la objeción de conciencia ante el aborto. La consellera habló de "ampliar" este derecho y de incluir en él a los empleados públicos no profesionales sanitarios, un colectivo que está excluido del derecho a la objeción de conciencia. Aunque la consellera no precisó el alcance de esta norma, en principio abre la puerta a que, por poner un ejemplo, un empleado de un centro de salud o un hospital rehuse atender o tramitar un expediente de interrupción del embarazo apelando a su conciencia.
Por último, el Consell creará un servicio público específico para "conocer, regular y dar respuesta a todos los conflictos y controversias" que pueda suscitar la aplicación de la ley del aborto. De León puso el ejemplo de menores de16 años que decidan abortar y uno de sus progenitores dé su consentimiento pero el otro no. Para la titular de Justicia, también genera dudas el caso de que ninguno de los progenitores de su consentimiento al aborto de una menor y ésta invoque, como prevé la ley en las mayores de 16 años, el peligro de sufrir violencia. En realidad, el servicio funcionará también como otro elemento disuasorio, ya que el Consell pretende que a través de él se aplique el contenido del programa "Más vida", que, según confesó la portavoz, pretende "contrarrestar" la ley del aborto.

El ave y la vida humana
La portavoz adornó su comparecencia con gruesas descalificaciones hacia una ley que reforma la que ha estado en vigor durante 25 años -varios de ellos bajo mandato del PP- y sobre la que nunca el Consell de Camps se ha pronunciado. Así, la portavoz mantuvo que la nueva ley "garantiza el derecho a la no vida", mientras que el Consell defiende el "derecho a la vida". Además, afeó al Tribunal Constitucional el no haber aceptado las medidas cautelares de suspensión solicitadas por el PP en su recurso contra la ley, como sí hizo con la ley valenciana de caza, en concreto, sobre la regulación del "parany". "Parece ser que merecen más cautela jurídica la protección de determinadas aves que la protección de la vida humana" y el derecho a la vida en formación", soltó la portavoz.

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