Ripoll cierra la puerta a su dimisión tras imputarle el juez cinco delitos

El magistrado le acusa de revelación de información privilegiada, actuación prohibida a autoridades, tráfico de influencias, fraude y cohecho

 08:16  
El presidente de la Diputación se dirige en los pasillos del Palacio Provincial a la sala de prensa para la comparecencia pública de anoche.
El presidente de la Diputación se dirige en los pasillos del Palacio Provincial a la sala de prensa para la comparecencia pública de anoche.  antonio amorós
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Pere Rostoll En una comparecencia de apenas seis minutos, el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, cerró ayer la puerta a su dimisión como responsable de la institución provincial. Ni siquiera abrió el debate porque, al estilo Camps, no aceptó preguntas. Y todo ello después de que el titular del juzgado de Orihuela que instruye la "operación Brugal" -una investigación ligada a la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja- confirmara su imputación por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a autoridades. Joaquín Ripoll, al que se tomó declaración durante una hora en el Palacio de Justicia de Orihuela, quedó en libertad después de que el magistrado rechazara la petición del Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que, por contra, solicitaba prisión preventiva para el titular de la Diputación aunque eludible con una fianza de medio millón de euros, una medida cautelar a la que el juez no accedió.
Pese a que el escenario se le ha complicado notablemente cuando resta menos de un año para las elecciones municipales y a las puertas de que arranque el proceso de confección de las listas electorales, Ripoll ofreció síntomas de optar por la vía de la resistencia. Como Francisco Camps, se limitó a desgranar las notas que llevaba resumidas en dos folios y dio por terminada la declaración sin conceder preguntas. Nadie se plantea en la Diputación, al menos por ahora, ni la renuncia de Ripoll ni tampoco solicitar una baja temporal en el PP. Todo lo contrario. Más allá de eso, el dirigente popular insistió en el argumento que mantuvo durante su primera comparecencia: no conoce los hechos que sustentan su imputación; y dejó claro que su comparecencia ante el juez fue "voluntaria" al no haberse producido citación judicial sino una notificación de la Policía. Y, sobre todo, mostró voluntad de continuar y de plantear una dura batalla judicial en todos los frentes para garantizar su defensa.
La comparecencia de Ripoll en la Diputación, que arrancó pasadas las nueve y media de la noche, fue el epílogo de una jornada larguísima en los juzgados de Orihuela, donde, junto a Ripoll, comparecieron ante el magistrado otros cinco encausados en esta segunda fase de la "operación Brugal", cuyo epicentro se concentró el pasado martes en los registros de la Diputación y del Ayuntamiento de Orihuela con la adjudicación del plan de basuras de la Vega Baja, otorgado a una UTE de la que forma parte Enrique Ortiz. El dueño del grupo Cíviva también quedó en libertad pero imputado por los presuntos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El juez, igualmente, desestimó la petición de Anticorrupción, que solicitaba prisión para Ortiz aunque eludible con una fianza de 800.000 euros. Si se le impuso medidas cautelares al empresario Rafael Gregory, que tendrá que pagar 100.000 euros si quiere evitar ingresar en prisión. Los otros tres imputados quedaron en libertad aunque con cargos.
La complejidad de la investigación retrasó notablemente las comparecencias ante el juez Carlos San Martín. Ripoll llegó al Palacio de Justicia de Orihuela cuando faltaban cinco minutos para las dos de la tarde, la hora a la que estaba citado. Con chaqueta oscura y sin corbata, dejó el coche oficial en los aledaños de la Plaza de Santa Lucía, a la que llegó caminando junto a dos de sus abogados, Bernardo del Rosal y Fernando Candela, y entre una nube de cámaras y periodistas. "Buenos días", se limitó a apuntar entre dos unidades móviles que ofrecían señal para cadenas de televisión.
No hubo séquito político de apoyo. Ripoll no quiere. Nadie del PP le acompañó ni a su llegada a Orihuela ni tampoco durante la comparecencia en la Diputación, excepto sus letrados y algunos de sus colaboradores más directos en el Palacio Provincial. Punto y final. Y en la puerta del juzgado, más allá de periodistas, no había gente aguantando el sol de justicia que caía sobre Orihuela. Un par de curiosos. Uno le respaldó. "Máquina. Campeón. Amigo", le lanzó un vecino de Orihuela mientras le estrechaba la mano a Ripoll. Una señora, sin embargo, mostró su apoyo a la actuación policial antes de emplazar al presidente de la Diputación a comprarse "gomina para los cuatro pelos que tienes".
Pasadas las dos y media de la tarde, sin embargo, tanto el titular de la Diputación como Enrique Ortiz abandonaron las dependencias judiciales, a las que estaban citados, de nuevo, para las cuatro de la tarde. El empresario salió de los juzgados dos horas más tarde. Y Ripoll lo hizo cuando faltaban veinte minutos para las ocho. Estuvo una hora ante el juez. Media hora para confirmar la imputació. Veinte minutos de interrogatorio del magistrado. Y dos preguntas de la Fiscalía. A la salida, no hicieron declaraciones sus abogados. Tampoco el presidente de la Diputación que evitó los micrófonos entre media docena de efectivos de la Policía Nacional que le facilitaron la salida del Palacio de Justicia de Orihuela. Hora y media más tarde hablaría en la Diputación.
Con su carrera política en el alero y pendiente de la decisión que pueda tomar Génova sobre su futuro en la Diputación y al frente del PP, el titular de la institución provincial entiende, así lo dijo, que debe dar la cara. Pero la comparecencia en la institución provincial no aclaró, sin embargo, ninguna de las dudas. Aconsejado por su equipo no atendió preguntas. "No sé qué hechos se incluyen en el sumario y, por tanto, no puedo contestar preguntas. Pido disculpas por ello", aseguró el presidente de la Diputación que no hizo ni una sola referencia a una eventual renuncia, tal y como le solicitó la oposición. La dirección provincial del PP cerró filas alrededor de Joaquín Ripoll y la ejecutiva regional aprovechó para cargar contra el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
La situación política del presidente de la Diputación, en todo caso y a menos de un año de las elecciones, es extremadamente compleja. Pendiente de una instrucción judicial que, en principio, parece que no va a tener un desenlace a corto plazo y con la necesidad de Génova de resolver el conflicto que tiene abierto en toda la Comunidad, el futuro político del titular de la Diputación es incierto. Le ha pedido a sus colaboradores que se las ingenien para intentar darle la vuelta a la tortilla. Gestión e imagen de normalidad es la receta. Hoy, de hecho, Joaquín Ripoll, 24 horas después de declarar ante el juzgado, volverá a tener agenda institucional durante un acto en la Diputación Provincial.

El TSJ asegura que Joaquín Ripoll está en "libertad provisional"
El comunicado oficial del Tribunal Superior de Justicia sobre las comparecencias desarrolladas ayer en el Palacio de Justicia de Orihuela asegura que tanto Joaquín Ripoll como las otras seis personas que declararon a raíz de la "operación Brugal" se encuentran en situación de "libertad provisional". Textualmente, la nota del TSJ, cuya actuación en este asunto ya ha generado una importante polémica judicial y política, afirma que "el instructor ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido hoy a declarar de forma voluntaria, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, mientras que ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario R.G.F., al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad". Hoy mismo continuarán en el Palacio de Justicia de Orihuela las comparecencias de otros cinco de los once detenidos durante la operación policial del pasado martes. El juzgado número tres de Orihuela tiene previsto que por sus dependencias pasen para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas: los concejales del Ayuntamiento de Orihuela Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez; junto al empresario Ángel Fenoll y su hijo. P. R. F.

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