El juez deja libre a Ortiz tras imputarle por tráfico de influencias, cohecho y fraude

El magistrado rechazó la petición del fiscal, que solicitó para el máximo accionista del Hércules prisión eludible con fianza de 800.000 euros

 08:30  
Ortiz ayer a su llegada a los juzgados con su abogado Alejandro Bas y su chófer
Ortiz ayer a su llegada a los juzgados con su abogado Alejandro Bas y su chófer  JOSE NAVARRO
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SANDRA LLINARES Un desfile de empresarios. Los pasillos de la primera planta del Palacio de Justicia de Orihuela, así como las salas del juzgado de Primera Instancia número 3 de esta localidad, se convirtieron ayer en un ir y venir de responsables de distintas firmas vinculadas al negocio de las basuras y de un séquito de abogados.
Entre los empresarios destacó la presencia de Enrique Ortiz, constructor y máximo accionista del Hércules, a quien el juez dejó en libertad sin solicitar ningún tipo de medida cautelar, ya que rechazó la petición del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que solicitó para el empresario prisión eludible con fianza de 800.000 euros. Se trata de una de las cifras más altas que se han oído en la provincia en relación a la petición de depósitos realizada por un fiscal. El magistrado le dejó en libertad tras imputarle los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude.
Ortiz llegó sonriente a los juzgados alrededor de las 12:30 horas, treinta minutos antes de su citación. Saludó al empresario Rafael Gregory -que ayer también prestó declaración- con un apretón de manos y un golpe en la espalda, así como al resto de abogados que conocía. Con naturalidad y la mejor de sus sonrisas también se dirigió a los policías judiciales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que participaron en los registros del pasado martes en sus oficinas y su yate, a los que saludó y con los que conversó amablemente. Su apariencia era de tranquilad.

Retraso
El retraso que llevaban las declaraciones obligó al magistrado a posponer el interrogatorio a Ortiz, al igual que el de Ripoll, a la tarde. Ambos salieron de las dependencias judiciales para comer, acompañados de sus letrados, Alejandro Bas y Bernardo del Rosal, respectivamente.
A las 16 horas, Ortiz regresó para sentarse ante Carlos San Martín y tras una hora y media, abandonaba la sala del juez, quien le hizo una decena de preguntas en relación a la posibilidad de que hubiese influído en cargos públicos para conseguir beneficios, así como otras relacionadas con la posibilidad de que conociera información privilegiada y que traficara con ella. Ortiz negó estos extremos y cuando abandonó el Palacio de Justicia dijo ante la legión de periodistas que le esperaban en la puerta: "tengo confianza plena en los jueces y en la Policía. Estamos contentos porque no ha habido ninguna medida cautelar". Respecto a los 800.000 euros que solicitó el fiscal como fianza para eludir la prisión, el empresario no hizo manifestación alguna, así como tampoco lo hizo sobre los delitos que el juez le imputa.
Quien no hizo ningún tipo de declaración fue el empresario dedicado a la compraventa de camiones y ex presidente de la Fundación Hércules, Rafael Gregory, quien sí se verá obligado a pagar una fianza de 100.000 euros en los próximos días para eludir la cárcel después de que el juez solicitara para él prisión bajo fianza. El instructor del caso, Carlos San Martín, le imputa los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude. Ni Gregory ni su abogado pudieron contener el semblante de sorpresa y preocupación tras conocer la medida. Rafael Gregory está siendo investigado por estafa en una causa que instruye el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en relación a la compraventa de cientos de camiones a la firma Renault y por la que ya pagó otros 100.000 euros como fianza.

Declaración de empresarios
El magistrado también tomó declaración a otros tres cargos relacionados con empresas dedicadas a la limpieza viaria y recogida de residuos vinculadas con la adjudicación del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja, una millonaria gestión de los residuos de la comarca que reportará a las empresas adjudicatarias, Cespa-Ortiz, un canon anual de 18 millones de euros.
A primera hora de la mañana llegaba un amigo de Ortiz, José León, a quien la Policía detuvo en el operativo del pasado martes por presunto encubrimiento, aunque ayer fuentes cercanas al caso aseguraron que el juez cambió los cargos que se le imputan y que quedó en libertad. Se trata de un amigo personal de Ortiz con quien el empresario se encontraba en Pamplona por San Fermines cuando fue avisado por la Policía de que se iba a proceder a los registros de su empresa y que tenía que prestar declaración.
Pasadas las 11:30 de la mañana se sentaba ante el juez José Candel, gerente de la firma Inusa, participada por Ortiz. El magistrado San Martín le dejó en libertad tras imputarle los delitos de tráfico de influencias, cohecho y participación en fraude, según indicaron fuentes judiciales. El juez rechazó las pretensiones del fiscal de imponerle una fianza de 50.000 euros.
Otro de los empresarios que declaró ayer en el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela -y que llegó rodeado de letrados- fue Luis Bracho, uno de los altos cargos de la sede en Valencia de lal firma Sufi. Esta mercantil presta actualmente junto a otras dos empresas el servicio municipal de recogida de basura de Orihuela. Sufi fue la socia con la que el empresario oriolano Ángel Fenoll concurrió en UTE para optar a la adjudicación de la obra pública del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja que centra la investigación de la Operación Brugal. Según uno de los letrados que estuvo presente en la declaración, Bracho quedó en libertad y el juez no tomó ningún tipo de medida cautelar contra él.
Ya por la tarde declararon el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, quienes estuvieron ante el juez una hora y cuarto aproximadamente cada uno.

Desconocimiento de los hechos
Los seis imputados que ayer declararon ante el juez y ante el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, manifestaron desconocer los hechos por los que el juez les imputa varios delitos. El secreto sumarial de las actuaciones -que llevan en esta condición durante todo el tiempo de investigación, es decir, casi tres años- impide a los acusados conocer el motivo de los hechos por los que se les llama a declarar, aunque sí se les deba especificar de qué delitos se les acusa.

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