El juez comunica a la Policía que todas las detenciones fueron legales

El magistrado Carlos San Martín validó las detenciones a los investigadores que acudieron ayer a los juzgados de Orihuela para entregar las diligencias. El juez expresó además a los policías que su intención con el contenido de los comunicados difundidos por el TSJ no era cuestionar la legalidad de las detenciones.

El titular del juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela, donde se instruye la "operación Brugal" desde 2007, se ha planteado desgajar de las diligencias previas 851/07 lo referido a las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja e inhibirse en favor de los juzgados de Alicante porque en la capital alicantina es donde se resolvió la contrata millonaria, señalaron fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes consideraron que es discutible la inhibición porque, entre otros motivos, el juzgado de Orihuela ya ha realizado diligencias de investigación y no es posible la inhibición.

Las reacciones a la operación policial continuaron ayer y el Gobierno salió a respaldar la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Así, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que todas las actuaciones practicadas en el "caso Brugal" han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes.

Tras insistir en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes, Caamaño subrayó que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones contaron con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía actuó dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.

El ministro criticó también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos. "A toda clase de delincuentes y también al PP", ha dicho.

Respaldo de Interior

Por su parte, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, mantuvo ayer que la actuación policial está "dentro de la legalidad". "En todas estas cuestiones es necesario aplicar el sentido común y las leyes", dijo Velázquez en Granada a preguntas de los periodistas.

"La Policía realiza investigaciones, tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes, se efectúan declaraciones en sede policial y se ponen a disposición del juez", agregó Velázquez, quien precisó que en los casos en los que haya que efectuar registros se hace "siempre con autorización judicial".

Las réplicas del PP

Sin embargo, el operativo policial continuó ayer siendo cuestionado por los representantes del Partido Popular. Entre ellos, el responsable de Justicia de ese partido, Federico Trillo, que ayer se encontraba en Dénia. Trillo calificó de "grave quiebra del Estado de Derecho" que la Policía, según añadió, "sea la que decida quién, cuándo y cómo" una persona debe ser detenida, "y el momento en el debe ser interrogada por el juez, sin que éste lo sepa".

El coordinador de Justicia del PP afirmó que "es a los jueces y a lo tribunales a quienes les corresponde, en una Estado de Derecho, la dirección e impulsión de los procesos". A esta premisa, según explicó, no se ajusta el hecho de que la Policía "sea la que decida a quién, cuándo y cómo detener, y la que cita ante un juez que ni siquiera sabe qué va a comparecer una persona que ha sido detenida". El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, solicitó que "hoy mismo se pongan algunas cosas en claro".

Trillo afirmó que el Gobierno "debe dar cuenta" de "una grave responsabilidad" de "relevancia política", pues a la "situación" antes descrita se le añade que "uno de los detenidos es un dirigente político, representante democrático y la cabeza del principal partido de la oposición en la provincia de Alicante".