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La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha lamentado hoy que, en la operación Brugal de Alicante, en la que entre otros está imputado el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, "en ningún momento ha prevalecido" el bien jurídico de "la integridad moral y el honor de las personas afectadas por este caso".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Sánchez de León ha considerado que, "sea cual sea el final" de todo este proceso, esas personas "han pagado ya" la llamada "pena del telediario, la pena mediática", lo que "realmente" merece "cuanto menos" una reflexión por parte de toda la sociedad.

La también consellera de Justicia ha lamentado que, "desgraciadamente", estos días se ha vuelto a asistir "una vez más a un espectáculo y a un esperpento", en el que las actuaciones de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han convertido "otra vez en un gran teatro" retransmitido "en directo".

Ha recordado que "no es la primera vez" que ocurre un proceso en el que, antes de tener una condena judicial, las personas tienen ya "una condena mediática", y ha criticado la "ceremonia de la confusión" en la que se ha hablado "de detenidos que luego nunca han existido", de incautación de dinero "que tampoco ha existido" o de fianzas millonarias "que tampoco se han impuesto".

La portavoz del Gobierno valenciano, quien ha reiterado el respeto que tienen por la Justicia y ha pedido el mismo respeto para las personas y las instituciones, ha manifestado que todo esto supone "un gran atentado y una gran quiebra en nuestro Estado de Derecho".

Sánchez de León ha citado "otros casos", como los referidos a los ex alcaldes de Orihuela José Manuel Medina o de Alicante Luis Díaz Alperi, en los que, tras una "gran condena social y mediática" al final han sido archivados "por el mismo fiscal, por cierto, que está actuando en este caso".

A su juicio, todos los ciudadanos se merecen una explicación por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "de todas las incógnitas y de todas las zonas oscuras" que "casualmente siempre se producen" contra cargos del PP, y que no han ocurrido con José Bono o con Manuel Chaves.

Preguntada sobre si el Gobierno valenciano se va a dirigir formalmente al ministro para pedirle esas explicaciones, ha dicho que "son los valencianos y los españoles los que de verdad merecen esa explicación, y por responsabilidad" el ministro tendría que decir si la actuación "ha sido proporcionada, porque hay una apariencia de desproporción".

La consellera ha remitido a los órganos del Partido Popular cuando se le ha preguntado si el Código ético del partido contempla que un cargo público imputado debe dimitir, y ha dicho que son esos órganos los que deben "tomar sus decisiones" y "dimensionarlas de acuerdo con la importancia de cada caso".

Asimismo, ha reclamado respeto por el derecho a la presunción de inocencia cuando se le ha preguntado, "cuánta corrupción es capaz de soportar el sistema político valenciano" sin adoptar medidas tras los casos en que están implicados Ripoll, Carlos Fabra y Francisco Camps.

A su juicio, siempre que gobiernan los socialistas en España, lo que prima es el paro y la "debilitación absoluta del Estado de Derecho", y se ha preguntado si el despliegue de policías que se trasladó a Alicante para la operación se va a quedar allí para combatir la delincuencia.