Le acusa de ordenar la detención de Ripoll sin autorización

El PP contraataca y carga contra el Gobierno

González Pons califica de "publicidad" la actuación y exige que Interior aclare la operación

 08:09  

P. R. F. A Génova le pusieron en bandeja la respuesta. Apenas un día después después de la actuación de la Policía en la Diputación y en el Ayuntamiento y de la detención de Joaquín Ripoll durante 12 horas, el PP salió al contraataque. El enorme embrollo judicial y político con contradicciones entre el TSJ, en nombre del juzgado de Orihuela que instruye la operación Brugal; la Fiscalía; y el Ministerio del Interior le sirvió a Dolores de Cospedal y a Esteban González Pons para salir cargar su artillería, lanzar un durísimo alegato contra el Gobierno y acusarle de haber ordenado la detención de Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y máximo responsable del PP en Alicante, "sin autorización". No fue sólo desde Madrid. Los populares contestaron desde todos los frentes. Desde los despachos del partido, las Cortes, la Generalitat...
Nada más conocerse a última hora del martes la liberación de Ripoll, Pons ya habló de "montaje" y apuntó directamente contra el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ayer amartilló todavía más, si cabe, su munición contra el Gobierno. Tanto el portavoz de Génova que, por la mañana, calificó las detenciones de "confusas"; como De Cospedal, ya por la tarde, hablando de "detenciones preventivas propias de la dictadura" fueron demoledores. Coincidieron en el argumentario. "Echan tufo a detención publicitaria", argumentó Pons que, a lo largo de su intervención, exhibió el comunicado del TSJ, la citación con sello de la Policía que se le entregó a Joaquín Ripoll y la nota de prensa de Interior. Eso le sirvió para poner sobre la mesa, que, en su opinión, la Policía "mintió", que no hubo orden judicial que sustentara la operación y que las detenciones se decidieron en Madrid, así como la fecha y la "espectacularidad" de la operación judicial con cerca de un centenar de efectivos, calculan en el PP, llegados a Alicante para poner en marcha el despliegue policial. "Hay una persecución orquestada contra nuestro partido", añadió la secretaria general del PP que alertó también, a partir de ahora, de la posible filtración de grabaciones telefónicas.
González Pons, como De Cospedal, volvió a exigir a Rubalcaba que "aclare" los "puntos oscuros" de una operación que vinculó con una maniobra "publicitaria" a favor del Gobierno y contra el PP. "Las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que impera el Estado de Derecho están en riesgo", apuntaron los dos. El portavoz del PP evitó entrar en la cuestión explícita del respaldo a Ripoll y aseguró "no constarle" que Génova tuviera conocimiento previo de la operación policial. La cúpula del PP, sin embargo, sí estaba al tanto por el conseller Juan Cotino, extremo, en cualquier caso, que no citó Pons, alarmado, admitió, por la posibilidad de que Interior esté utilizando los recursos policiales "a costa de la dignidad y los derechos de algunas personas". "Interior lo acordó", subrayó sobre la detención policial de Ripoll, operación que tildó de "espectacular y cinematográfica".
"No había orden judicial para detener", insistieron tanto De Cospedal como Pons que, en todo caso, también denunció que se vulneró la ley, ya que la retención de Ripoll y su traslado a Comisaría se produjo con "intento" de perjudicar la reputación del detenido. "La Policía -reiteró Pons- suplantó gravísimamente al juez: acordó una detención sin autorización judicial, citó en nombre del juez a Ripoll para comparecer y en la nota de prensa de la Policía se dice que a los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, mientras que el TSJCV asegura que no hay ninguna imputación", además, apuntó de "mentir" en cuestiones como la incautación de dinero en casa de Joaquín Ripoll, algo que no se produjo.

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