Dos de los tres concejales oriolanos implicados en ampliación de la investigación del caso Brugal, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez están siendo asistidos por el letrado penalista habitual designado para estos casos por el Ayuntamiento de Orihuela, por lo que a falta de conocer más detalles sobre las imputaciones los responsables municipales "presuponen" que se trata de asuntos vinculados con su gestión municipal. El edil Manuel Abadía ha optado por un abogado ajeno hasta ahora al Consistorio. Tanto Abadía como Sánchez y Rodríguez Murcia solicitaron la asistencia letrada de forma directa por la urgencia del asunto, sin formalizarla en el Ayuntamiento. Fuentes municipales quisieron ayer remarcar que la legislación dispone que si un cargo público pide que se le designe un abogado a cuenta municipal este es asumido por completo si es absuelto, pero el afectado lo debe pagar si lo condenan.
