El interrogatorio en dependencias policiales a los once detenidos en la operación por un presunto caso de corrupción fue breve y prácticamente similar en todos los casos. Una de las preguntas estándar que formularon los investigadores a los arrestados es si disponían de dinero en paraísos fiscales, mientras que a los empresarios también les plantearon si han pagado en alguna ocasión a cargos públicos para obtener beneficios. La Policía, en alguno de los interrogatorios, también se interesó por las sociedades en las que tienen participación.
Algunas defensas de los detenidos se quedaron sorprendidas por las preguntas planteadas y están desconcertadas porque lo consideran un "desagravio" y no saben si es que la Policía trata de "despistar". Esta mañana tienen previsto reunirse la mayoría o totalidad de los abogados personados para estudiar la situación.
Lo lógico es que en la comparencia en sede judicial, que se realizará hoy y mañana en presencia del juez y del fiscal anticorrupción, se desvelen datos más concretos sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja. No obstante, como ocurrió a finales del pasado año con los interrogatorios a los detenidos por el crimen del alcalde de Polop, al estar bajo secreto de sumario el caso las defensas no supieron hasta varios meses después las pruebas concretas con las que contaba la Guardia Civil.
La operación policial se ha desencadenado una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que había datos suficientes para actuar judicialmente contra los presuntos implicados en el supuesto pago o cobro de comisiones ilegales por la mencionada adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja.
La investigación judicial se remonta a 2007 y los diferentes jueces que han pasado por el juzgado instructor han ido autorizando diferentes intervenciones telefónicas a empresarios e incluso cargos públicos.
Las conversaciones telefónicas grabadas podrían haber arrojado indicios sobre las presuntas irregularidades. La documentación incautada en papel y soporte informático será revisada ahora minuciosamente en busca de nuevas pruebas sobre la presunta corrupción.
