El caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura de la comarca y en el que se enmarcan los registros y detenciones del pasado martes en Orihuela y Alicante, ha pasado por las manos de cinco jueces en los tres años y cuatro meses que se prolonga el secreto de las actuaciones.
Desde marzo de 2007, por las dependencias del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Orihuela, han pasado ya cinco jueces: Dos titulares, Nuria Soler y Joaquina de la Peña (ahora decana del Palacio de Justicia) y dos sustitutos. Finalmente, en febrero fue Carlos San Martín quien asumió un sumario de más de 80 tomos y un vasto material audiovisual que ocupa un despacho completo de las dependencias judiciales. Este magistrado asumía el puesto conociendo que en abril de este año la jurisdicción iban a ser separada en Orihuela. Es decir el juzgado mixto de Primera Instancia e Instrucción pasaba a ser exclusivamente juzgado de Primera Instancia y a tratar únicamente asuntos civiles, aunque instruyendo todo los casos penales pendientes, entre ellos el que corresponde a la Operación Brugal.
Carlos San Martín ha estado destinado, entre otros juzgados, en Gandesa (Tarragona), Villena y San Vicente del Raspeig, donde fue decano.
Demasiado prolongado
Fuentes judiciales vinculadas a ese procedimiento indicaron ayer que este continuo cambio de jueces "no ha ayudado especialmente" a una tramitación ya de por sí muy compleja. Cada vez que llega un nuevo juez debe afrontar la ingente tarea de estudiar un procedimiento con miles de documentos. También la prórroga justificada, mes a mes, del secreto de las actuaciones, del que no se tienen precedentes en la jurisprudencia española, debe estar "muy justificada", indicaron las mismas fuentes. De hecho las partes implicadas podrían alegar indefensión para que se archivase el procedimiento una vez se conozca el contenido del sumario. No se trata del secreto de sumario genérico por el que los medios de comunicación tienen limitado el acceso a los datos del proceso. En este caso ni los letrados ni los implicados saben, tres años después, de qué se les acusa. "Desde tres años y medio no sabemos nada de lo que se está investigando. Son todo especulaciones", subrayó ayer otro de los letrado que defiende a uno de los implicados. Seis de ellos fueron detenidos por la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el 30 de mayo de 2007 y tuvieron que desembolsar fuertes fianzas para dejar la prisión preventiva un mes después.
