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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado hoy que todas las actuaciones practicadas en el "caso Brugal", en el que fue detenido y posteriormente puesto en libertad el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes.
Así lo ha asegurado el titular de Justicia en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer ante la Comisión Mixta para la UE para hacer balance de la presidencia española en materia de Justicia.
Tras insistir en que "estamos ante un proceso judicializado", en el que se mantiene el secreto, pero que se inició mucho antes, Caamaño ha subrayado que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.
El ministro ha criticado también que el PP normalmente alabe las actuaciones de la Policía, los jueces y los fiscales en casos de corrupción, salvo cuando "afectan curiosamente al Partido Popular", ante lo que ha recordado que la ley "se aplica igual" para todos.
"A toda clase de delincuentes y también al PP", ha dicho.
De esta forma se ha pronunciado Caamaño después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, instructor del "caso Brugal", afirmara ayer en un comunicado que no tenía ninguna comunicación policial sobre el número de detenidos, su puesta en libertad ni fecha de comparecencia judicial.
El Consejo General del Poder Judicial apoya la posición del juez
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha mostrado su apoyo a "la posición expresada" por el juez del caso "Brugal", quien afirmó ayer que no tenía ninguna comunicación policial sobre el número de detenidos, su puesta en libertad ni fecha de comparecencia judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Orihuela, a través de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, expuso que "a media tarde" de ayer, más de 24 horas después de llevarse a cabo los registros y las detenciones, fue informado "verbalmente aunque no de manera oficial" de estos arrestos y de las comparecencias judiciales previstas para hoy.
"El juzgado no disponía al término de la mañana de hoy -por ayer- de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación ni de su posterior puesta en libertad ni de las fechas en que hubieran sido emplazadas para comparecer", señalaba el comunicado.
De Rosa, que ha participado en una jornada judicial organizada por la Fundación Lex Fórum, en Denia (Alicante), ha asegurado que "se trata de unas actuaciones secretas" y, por tanto, "quien debe dirigir la instrucción es el propio juez".
"La posición del Consejo General del Poder Judicial es la misma que efectúa el propio juez de Orihuela", ha añadido el vocal.
El juez expuso en el citado comunicado que no hay resolución judicial "expresa ni aún tácita" por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, "independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".
