En las filas de los socialistas valencianos se extendió ayer el desconcierto total y absoluto ante el «toque» que el Ministerio del Interior ha imprimido a la gestión de la segunda fase de la «operación Brugal», que tuvo en pasado martes como epicentros los registros de la Diputación y del Ayuntamiento de Orihuela además de la detención del titular de la institución provincial y del PP en Alicante, Joaquín Ripoll. Entre altos dirigentes del PSPV se instaló el malestar por un escenario que, en último extremo, concede a los populares argumentos para hablar de un «montaje judicial», una referencia a la que Francisco Camps se encomienda a menudo para descalificar la instrucción del caso Gürtel y a la que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ya aludió nada más conocerse que Joaquín Ripoll quedaba en libertad. Una estrategia que, al final, condiciona la acción de los socialistas.
De hecho, en el PSPV se ha instalado una prudencia extrema. De hecho, la cúpula del puño y la rosa, tras el silencio inicial, salió ayer a la palestra con 24 horas de retraso. Y no hubo, a diferencia del argumentario habitual que los socialistas utilizan en el caso Gürtel, ni críticas duras ni declaraciones altisonantes. Todo lo contrario. Posiciones poco novedosas y previsibles. Jorge Alarte, secretario general del PSPV, volvió a reclamar elecciones anticipadas, petición que ya ha realizado en incontables ocasiones. Ana Barceló, responsable provincial del partido, mostró su preocupación por la «paralización» de las instituciones. Y, finalmente, el portavoz socialista en la Diputación, Antonio Amorós, pidió a Joaquín Ripoll que aclare la situación y se quejó de la suspensión del pleno ordinario correspondiente al mes de julio que la institución debía celebrar hoy. Nada más. Punto y final.
«No sé a qué juegan en Madrid», definió de forma gráfica un destacado dirigente socialista para definir su malestar ante el escenario en el que se movían ayer en el PSPV, una variable que, en principio, les favorece para atacar pero que, al final, los populares pueden sortear, al menos argumentalmente, instalándose en el victimismo y en la crítica a la actuación del Gobierno. Así que el cruce de comunicados y versiones contradictorias que se produjo ayer fue recibido con una mezcla de escepticismo, incredulidad y hastío en las filas socialistas. Fuentes del PSPV explicitaron que, posiblemente, ese discurso facilite la posición del partido en Madrid pero, desde luego, no favorece a la formación en la Comunidad.
A la expectativa
Hoy mismo, en principio, los socialistas esperan que, de alguna manera, pueda quedar marcado el camino del argumentario que tienen que seguir. Reciben en jornadas parlamentarias, que tienen como sede la localidad de Gandía, a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para el acto de apertura de las sesiones de trabajo; y, a mediodía, contarán con Leire Pajín, número tres del PSOE y senadora por la Comunidad, que ayer ya marcó su postura en Madrid. Falta por determinar si es capaz de plantear el mismo argumentario en Valencia. Habrá posibilidad. De hecho, está previsto que en las diferentes intervenciones se produzcan referencias a este caso vinculado al Partido Popular.
Los socialistas cargan contra Rafael Blasco
Ni contra Ripoll, ni contra Camps. Los socialistas, en el comunicado más duro de la jornada, cargaron contra Rafael Blasco. «El catedrático de la corrupción en la Comunitat Valenciana, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, nunca pudo imaginar que le saldrían tan buenos alumnos en el PPCV», aseveró la diputada y miembro de la dirección del PSPV, Clara Tirado. La parlamentaria recordó que «Blasco fue el protagonista del principal caso de corrupción de la historia de la democracia en la Comunitat antes de Gürtel, por el que estuvo imputado y fue juzgado, y se ha convertido sin duda en un referente, que asesora y guía al presidente de la Generalitat Francisco Camps y a los suyos». «No se sabe cuál es su alumno más aventajado», concluyó. redaccIÓN
