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La alcaldesa de Orihuela, la popular Mónica Lorente, ha discrepado hoy del procedimiento elegido por quienes ordenaron la operación policial desarrollada ayer en el edificio consistorial, al afirmar que se podría haber llevado a cabo de una manera "sencilla" y "ordinaria".

La operación, dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, concluyó con la detención de tres ediles, que posteriormente fueron puestos en libertad tras prestar declaración, y el registro de varias dependencias municipales.

Para acometer esta actuación, cerca de una veintena de agentes policiales se personaron a las ocho de la mañana en el edificio consistorial, donde permanecieron tanto en el exterior como en el interior de las dependencias hasta las seis de la tarde.

"No sé de dónde viene esta actuación, pero, venga de dónde venga, podría haber sido sencilla y ordinaria", ha reiterado Lorente, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa.

Asimismo, ha añadido que el registro se podría haber llevado a cabo "sin un despliegue tan desmesurado, pues la respuesta de todos los miembros de este ayuntamiento hubiese sido la misma".

"No es normal. El procedimiento evidentemente no sigue una lógica, pero soy una defensora del Estado de Derecho, y me niego a pensar nada que se salga de esa línea", ha apuntado la alcaldesa.

Lorente ha manifestado que la Policía Nacional se llevó expedientes públicos, "todos ellos transparentes de principio a fin", según ha añadido, relacionados con unas diligencias "que ya durán cuatro años" y que permanecen bajo secreto de sumario.

Sin mencionarlas, estas últimas están relacionadas con la denominada operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela.

A su juicio, los expedientes, que "podrían haber sido requeridos por trámite ordinario", son "totalmente públicos, transparentes y supervisados tanto por el propio secretario como por lo técnicos municipales".

Lorente ha manifestado que los registros se realizaron en las dependencias de los concejales Manuel Abadía (Infraestructuras Urbanas y Servicios), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medioambiente), quienes posteriormente fueron detenidos y, tras declarar, puestos en libertad.

"Declararon durante diez minutos con total tranquilidad y respeto, y ahora tiene un citación para declarar el próximo viernes en el Juzgado", ha indicado Lorente, quien ha remarcado que los tres concejales "no saben los cargos por los que han sido citados".

Los partidos políticos de la oposición municipal han criticado a Lorente por no haberles informado a lo largo de la jornada de ayer de lo que "ocurría en el consistorio".

El edil del Centro Liberal Renovador (CLR) Pedro Mancebo ha exigido explicaciones a la alcaldesa popular, a la que ha instado a adoptar medidas políticas que den respuesta a esta situación.

Entre ellas, según ha indicado, la necesidad de que las responsabilidades que mantienen los citados concejales sena asumidos por otros ediles del equipo de Gobierno local "hasta que se aclaren los hechos".

Desde Los Verdes, el concejal Monserrate Guillén ha criticado abiertamente que Lorente haya informado primero a los medios de comunicación antes que al resto de formaciones municipales.