La intervención asesta otro duro golpe  a la imagen del PP en la Comunidad

Ripoll reunió a sus colaboradores horas antes del registro en la Diputación y el Ayuntamiento de Orihuela para informarles

 02:16  
Camps hace declaraciones sobre la operación.
Camps hace declaraciones sobre la operación.  efe

PERE ROSTOLL
La operación desplegada por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción con epicentro en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orihuela supone, a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, un nuevo varapalo para la imagen del PP en la Comunidad, ya muy tocada por los efectos del caso Gürtel, que salpica directamente a Francisco Camps; y por la situación de Carlos Fabra, a las puertas de sentarse en el banquillo. De las grandes instituciones provinciales bajo mando del PP y de las cuatro direcciones políticas con mayor peso orgánico, sólo la de Valencia, controlada por Alfonso Rus, permanece, por ahora, al margen de los avatares judiciales.
En las filas de los populares valencianos, de hecho, no ocultaron que la segunda parte de la operación Brugal supone un nuevo golpe a la imagen del partido, como reconocier0n fuentes de la dirección regional del PP que, en estos momentos y con el debate sobre las candidaturas electorales ya abierto, tiene frentes abiertos en la Generalitat, pendientes de las decisiones que tome el TSJ de la Comunidad sobre el caso Gürtel; Castellón con Carlos Fabra; y ahora en Alicante. Los escenarios de conflicto se amontonan. Así que, con este decorado, la dirección regional del PP optó por aplicar "paños calientes" a una situación extremadamente complicada.
En un comunicado de apenas cinco líneas y en la línea de una breve declaración de Camps, la cúpula de los populares valencianos reclamó la "máxima prudencia y responsabilidad hasta conocer el alcance de las actuaciones que se están llevando a cabo" al tiempo que solicitó "respeto por la presunción de inocencia y por los derechos de los ciudadanos". Tanto desde la cúpula autonómica del PP como también desde Génova descartan tomar medidas disciplinarias -la suspensión cautelar de militancia- contra Ripoll. No las han tomado ni contra Camps ni contra Fabra, imputados, y, por tanto, cualquier acción disciplinaria contra el presidente de la Diputación de Alicante evidenciaría el "doble rasero" que algunos dirigentes del PP vienen criticando en la actuación de Génova sobre los conflictos en la Comunidad Valenciana.
Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y de los populares alicantinos, era consciente de la complicada tesitura que se le presentaba. Hasta el punto de que el lunes por la noche, explicaron diversas fuentes, Ripoll reunió a algunos de sus más fieles colaboradores para avanzarles lo que, finalmente, ocurriría unas horas más tarde. La estrategia pasaba por mantener la calma, mostrar unidad sin fisuras y no dar sensación de vacío en la dirección provincial del PP. Los populares alicantinos, de hecho, emitieron al mediodía un comunicado de respaldo a la figura de Joaquín Ripoll. "El PP muestra su plena confianza y apoyo al presidente provincial y afronta esta situación con responsabilidad y prudencia", apunta una nota en la que, además, se pide "tranquilidad, prudencia y responsabilidad" y "respeto" a la presunción de inocencia.
Paños calientes en Valencia, atados, en parte, por la situación de Camps; alerta en Alicante ante la avalancha que se avecinaba; y pendientes en Génova ante un escenario de intranquilidad. La dirección nacional del PP recibió la alerta del conseller Juan Cotino, ex director general de la Policía, de que una operación policial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tendría como escenario la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela. Génova mantuvo el silencio hasta que tuvo la seguridad de que Ripoll estaba en libertad. En ese momento, González Pons salió en tromba para criticar el despliegue policial. El responsable de Comunicación del PP calificó la actuación de "montaje". De la prudencia a la dura crítica contra la intervención de Interior.
En las filas populares están a la espera del escenario que se abra durante la declaración que mañana prestará Ripoll en el juzgado. Por lo pronto, ni hay agenda oficial de la Diputación ni tampoco de tres de los miembros con más peso político del Consell. A última hora de ayer, Rafael Blasco, Serafín Castellano y Juan Cotino anularon todos los actos que tenían previstos para la jornada de hoy miércoles.

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