Tras ocho años de espera, ayer se firmó un protocolo entre la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el que la Generalitat cede al Ayuntamiento el edificio de la Audiencia Provincia y se compromete a la ejecución de la Ciudad de la Justicia en los terrenos del antiguo cuartel de Benalúa. La firma se celebró en un acto solemne en el Salón Azul del Consistorio, con la asistencia de concejales de la corporación y destacados miembros del Poder Judicial como Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, fiscal superior del mismo, Vicente Magro, presidente de la Audiencia Provincial y José Antonio Romero, teniente fiscal de la Audiencia.
El retraso en la firma de este acuerdo fue recordado por la alcaldesa y la consellera. Así, Sonia Castedo, que abrió el acto, expresó su satisfacción porque han sido "muchos años esperándolo", mientras que Paula Sánchez agradeció la paciencia que se ha tenido con este asunto. Hay que recordar que la propuesta de permuta de los terrenos de Benalúa por la Audiencia Provincial se remonta a febrero de 2002. Los retrasos afectan también a la ejecución de la Ciudad de la Justicia, cuyas obras se anunciaron para finales de 2003 por el anterior alcalde y por el entonces conseller de Justicia, Carlos Gómez Cepeda, en un acto celebrado en el Ayuntamiento en diciembre de 2002 en el que también estuvo presente Vicente Magro.
El edificio de la Audiencia tiene un total de 4.900 metros cuadrados y está situado frente al Ayuntamiento. Pasará a propiedad municipal una vez se concluya la Ciudad de la Justicia y se traslade la Audiencia a Benalúa. Su destino será para acoger oficinas municipales, tras una remodelación de la que en estos momentos se carece de fondos para financiarla, según señaló la alcaldesa.
En su intervención de ayer, la consellera anunció que la ejecución de la Ciudad de la Justicia va a ser posible, en estos tiempos de crisis, mediante un nuevo modelo de contrato "público-privado " que prevé "la gestión integral de los edificios judiciales por parte de la empresa adjudicataria". La consellera rechazó que se trate de una privatización.
Paula Sánchez y Sonia Castedo coincidieron en destacar como principal objetivo de este proyecto el de aglutinar todas las dependencias judiciales en una única sede. Con respecto a las obras, la consellera no se atrevió a dar fechas.
