El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha sido detenido hoy, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, en la que también ha sido arrestados tres concejales oriolanos.
La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales han sido registradas.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que las investigaciones policiales que han derivado en los registros practicados podrían guardar relación con "un tema" de la adjudicación de servicios de recogida de basura en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja.
Tras prestar declaración, que no ha durado "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll ha quedado en libertad, aunque sus representantes legales no precisaron si era "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario".
Sin embargo, el gabinete de Prensa de la Diputación Provincial ha emitido una nota en la que comunica que "El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, ha sido puesto en libertad sin cargos y sin que el juez haya tomado medidas cautelares".
Una nota de la Policía Nacional dejaba claro que sí es con cargos, ya que los detenidos deberán comparecer en los próximos días en el juzgado que instruye el caso.
Los efectivos policiales han realizado registros en el Palacio de la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares y de forma simultánea se personaran agentes de la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Alrededor de las ocho y cuarto de la mañana, los agentes se han desplazado hasta la vivienda de Ripoll, ubicada en Vistahermosa -una zona residencial de la capital alicantina-, donde el presidente de institución provincial ha "colaborado en todo", según las citadas fuentes.
Posteriormente, alrededor de las 12,30 horas, ha sido trasladado hasta el Palacio de la Diputación para iniciar el registro en estas dependencias, principalmente en la primera planta del inmueble.
En concreto, la actuación policial sólo se ha llevado a cabo en el despacho de presidencia y en el de su secretaría, han informado a Efe fuentes próximas al caso.
Dos horas y media más tarde, aproximadamente, la Policía Nacional ha concluido este registro y Ripoll ha salido de la institución custodiado por los agentes en dirección a la Comisaría Provincial para prestar declaración.
Paralelamente, los efectivos policiales desplegados en el consistorio oriolano han realizado otro registro y han detenido a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medio Ambiente), quienes han sido trasladados a la Comisaría Provincial.
En el registro del consistorio, los agentes han recogido diversos archivos con documentación que luego han introducido en un vehículo policial.
Por su parte, el empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, se encontraba hoy en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias.
Según su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante, adonde ha llegado para colaborar con los policías y será, una vez que termine esta inspección, cuando conocerá si está imputado y si está detenido, y si también debe personarse en la Comisaría.
Otro de los registros se ha practicado en las dependencias de la empresa de Ángel Fenoll, presuntamente vinculado con el "caso Brugal", una investigación que se abrió en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela.
Tras conocer la actuación policial, el president de la Generalitat, Francisco Camps, ha pedido "responsabilidad y prudencia", mensaje que también se ha solicitado desde el Consell.
En el partido, las sensaciones que han trasmitido van desde la prudencia a la "contrariedad", según han declarado a Efe fuentes del Partido Popular, si bien la reacción predominante ante las informaciones que han ido sucediendo en Alicante ha sido la de la "intranquilidad".
Registros en la empresa de Fenoll
La Policía Nacional ha registrado hoy las dependencias de la empresa de Ángel Fenoll, presuntamente vinculado con el "caso Brugal", una investigación que se abrió en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela.
Fuentes próximas al caso han indicado a Efe que esta actuación policial podría guardar relación con la operación abierta en la que se han practicado registros en la Diputación de Alicante, en la vivienda del presidente de esta institución, José Joaquín Ripoll (PP), en el Ayuntamiento de Orihuela y en la compañía de tratamiento de basuras del empresario Enrique Ortiz.
Las mismas fuentes han señalado que los agentes han intervenido documentación durante el registro que se lleva a cabo en la empresa de Fenoll, que se inició antes de las 12.30 horas en presencia del empresario.
El "caso Brugal" se abrió tras la grabación de unas conversaciones entre Fenoll y el entonces concejal de Orihuela de Centro Liberal Jesús Ferrández, el 30 de mayo de 2006, en las que se hablaba de supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, en la comarca de la Vega Baja.
La polémica suscitada por esas grabaciones motivó la detención y posterior puesta en libertad de Fenoll, así como serias divergencias en el seno del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, sobre la adjudicación de este servicio, que se han prolongado en el tiempo.
Finalmente, el gobierno local dejó desierto el concurso, tras presentar una enmienda a la totalidad por entender que las cinco ofertas presentadas a la adjudicación -una de ellas era de Fenoll- no se ajustaban al pliego de condiciones.
Esta decisión, que colisionaba con la elección inicial de Urbaser -una de las empresas que pugnaba con la de Fenoll-, fue denunciada por la oposición y trasladada a la Fiscalía Anticorrupción.
Los grupos políticos de la oposición afirmaron que se debería contratar el servicio a Urbaser porque, según alegaron, fue la mejor valorada tanto por los técnicos municipales como por los distintos informes requeridos por el consistorio.
A pesar de estas críticas, el Ayuntamiento aprobó un nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del servicio municipal de residuos.
Esa medida fue criticada por la oposición al entender que el PP había hecho coincidir la aprobación del nuevo pliego con el denominado Plan Zonal de Residuos del Área XVII, impulsado por la Diputación de Alicante en colaboración con municipios de la comarca de la Vega Baja.
Según el PSOE, tanto el concurso del servicio de basuras de Orihuela como el Plan Zonal "coincidían" en proponer la pedanía oriolana de Torremendo para ubicar un vertedero.
De hecho, ese mismo mes -enero de 2008- el consorcio del Plan Zonal adjudicó la gestión durante 20 años de los residuos de 27 municipios de la Vega Baja a la UTE Cespa-Enrique Ortiz e Hijos, así como la instalación de una planta de tratamiento de residuos que recibiría unas 300.000 toneladas anuales.
